Incertidumbre regulatoria

De forma simultánea a tal decisión pudimos ver al presidente de Iberdrola sentado en un sofá junto al primer ministro británico, ambos en aparente amiguismo, en el que este da la bienvenida a las nuevas inversiones de Iberdrola en el Reino Unido, nada menos que 7.100 millones de euros, para un nuevo e importante complejo eólico marino.

La coincidencia de ambas decisiones muestra la gran diferencia que los países de nuestro entorno dan a la certidumbre que los inversores pueden tener cuando realizan sus proyectos en actividades reguladas y la desconfianza que genera en nuestro país el hecho de que los distintos gobiernos, en función de la situación económica del momento, puedan adoptar decisiones que modifiquen sustancialmente las previsiones hechas por la empresa cuando tomó la decisión de invertir en una actividad de las llamadas reguladas.

Esta desconfianza hace que muchos importantes inversores, que podrían venir a nuestro país y crear riqueza y puestos de trabajo, opten por ir a otro lugar en el que no teman cambios regulatorios que afecten a inversiones ya realizadas y pongan con ello en riesgo la rentabilidad de las mismas y hasta el futuro de la empresa. Y es que no debemos confundir, como en muchas ocasiones se nos trata de hacer creer, que es lo mismo, en sistemas regulados, establecer para las nuevas inversiones condiciones diferentes a las anteriormente existentes con su modificación para las inversiones ya realizadas, pues mientras que en las primeras quienes decidan participar en los nuevos proyectos saben de las nuevas condiciones, no ocurre así con los que lo hicieron bajo otras premisas y éstas les son modificadas con posterioridad.

Desde luego el mensaje que las grandes empresas eléctricas han transmitido a los inversores extranjeros, dada la importancia de las mismas a nivel internacional, aún comprendiendo su desconfianza en que el mismo proceder pueda repetirse en el futuro, no ha podido ser más negativo para nuestro país. Por ello, no deja de sorprender al observador la actitud tan beligerante mostrada ahora por estas empresas ante los cambios adoptados por el Gobierno -y eso siendo una actuación temporal ante la incidencia que los precios de la energía están teniendo en la economía del país y afectar solo a los llamados 'beneficios caídos del cielo'- y la pasividad, cuando no complacencia, mostrada cuando el Gobierno de Zapatero, primero, y de Rajoy, después, modificó de forma parcial, en el primer caso, y total, en el segundo, las retribuciones que se habían ofrecido, a través del Boletín Oficial del Estado, a los pequeños productores y que llevaron a muchos de ellos a la ruina. Reclamar ahora, por parte de tales empresas, la seguridad jurídica para sus inversiones cuando antes, por afectar solo a los pequeños productores a ellos ajenos, no les preocupó su total violación, resulta cuando menos chocante, por no decir escandaloso, dado que aquellos inversores no se lucraban de beneficios sobrevenidos, como ocurre actualmente, sino que se les otorgaba una retribución ajustada a su producción eléctrica sin emisiones y al desarrollo tecnológico que nos han legado: madurar la tecnología fotovoltaica para que pudiera ser competitiva; misión sobradamente cumplida puesto que ahora, tan solo una década después, iniciamos nuestra necesaria transición energética, gracias, precisamente, a la generación fotovoltaica, que ahora es capaz de ofrecernos energía limpia a menos de 30 euros/MWh.

Y es que como ya he tenido ocasión de repetir en alguna ocasión anterior «cuando un Gobierno atenta contra la seguridad jurídica, y la sociedad no reacciona ante tal atropello, aquel tendrá la tentación de seguir haciendo análogas actuaciones en cuantos campos considere conveniente, alegando, para justificar tales medidas, que lo hace para salvaguardar los intereses generales de los ciudadanos, los cuales, se justificará, están por encima de los intereses egoístas y poco solidarios de los particulares».

Una vez más se repite la escena y la seguridad jurídica, ese valor tan cotizado como volátil, queda en entredicho en nuestro país. Por ello solo cabe preguntarse: ¿Quiénes serán los siguientes afectados? ¿Se rasgarán las vestiduras en esta ocasión las grandes empresas?