Independencia energética

El precio de la electricidad, como el del resto de las energías, repercute de forma directa en la economía del país, y la garantía de su suministro es un factor fundamental, no ya en todo el sistema industrial y comercial, sino también en el bienestar de todos los ciudadanos. Disponer en España de energía propia, sin dependencia del exterior, es por tanto una exigencia que debiera estar por encima de intereses particulares y partidistas.

A este respecto, en un artículo de septiembre de 2013 decía: «dado que nosotros no podemos influir en los precios de los productos energéticos que importamos y que estos tendrán una tendencia continua al alza, consecuencia de su escasez y aumento de demanda por los países emergentes, parece obligado buscar una solución de futuro que nos permita tener una energía que, por depender de nosotros mismos, tenga una estabilidad de precios que la actual dependencia exterior no nos garantiza, lo cual solo pasa por las energías renovables en sus diversas modalidades».

En España tenemos una energía renovable muy importante, cual es la proveniente de nuestra gran red de pantanos, que permiten obtener una energía limpia y barata que representa una parte importante de la generada en nuestro país, y es gestionada por las grandes empresas eléctricas, beneficiarias de las concesiones administrativas hechas en su día por el Estado.

Igualmente, estas empresas están instalando grandes parques eólicos, que permiten obtener energía limpia pero con el inconveniente de estar sometidos a la variabilidad que representa la existencia o carencia de viento y, por ello, la necesidad de complementar esta energía con otras que puedan sustituirla cuando aquella falla. Esta nueva energía comienza ahora a chocar con la oposición de muchos ciudadanos que queriendo, como queremos todos, disponer de la energía que precisemos simplemente pulsando un interruptor en nuestra casa, no queremos, sin embargo, tener cerca de la misma grandes molinos que afeen el paisaje.

Hay también otra energía limpia, la fotovoltaica, la cual durante mucho tiempo no gozó de la simpatía de las grandes empresas eléctricas. A tal efecto, en un artículo publicado en septiembre de 2020, decía: «durante mucho tiempo hubo políticos y grandes empresas del sector eléctrico que negaban la importancia y el interés para nuestro país de contar con la energía fotovoltaica, ya que, decían, resultaba muy cara y nunca serviría para mucho más que para dar un poco más de luz que una linterna. Para ellos era preferible traer gas y hacer en España grandes depósitos subterráneos para su almacenamiento, además de grandes plantas de regasificación para su distribución por todo el país». Por aquello de que el tiempo sitúa las cosas en su sitio, quienes antes ponían reparos a esta energía hoy planean gigantescas plantas fotovoltaicas, ocupando para ello miles de hectáreas de terreno, y justifican los altos precios actuales de la electricidad por la escasez y carestía del gas.

Quedan, por último, otras energías renovables que en el futuro tendrán también su hueco en un mix energético ideal, como es la energía geotérmica, biomasa, mareomotriz y la undimotriz, las cuales serán complementadas con sistemas de almacenamiento, desde plantas de hidrógeno a centrales hidráulicas de bombeo al estilo de nuestra central de Aguayo cuya ampliación, con una inversión de unos setecientos millones de euros, ha sido ya anunciada por Repsol, empresa propietaria de la misma.

Garantizar nuestra independencia energética que evite en el futuro amenazas de desabastecimiento, o encarecimientos de precio como los padecidos en la actual crisis energética, debe ser un objetivo nacional, razón por la que ya en junio de 2013 escribía al respecto algo que ocho años más tarde sigue teniendo plena vigencia. Decía entonces: «por todo ello es fundamental que el Gobierno trabaje desde ya, leal y seriamente, con todos los implicados en este problema, desde productores a distribuidores y, por supuesto, consumidores, para lograr un modelo energético seguro, sostenible y transparente, que esté en armonía con las líneas marcadas por la Unión Europea y donde la seguridad jurídica vuelva a ser la piedra angular de nuestro sistema político».