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La coalición independentista que gobierna la Generalitat catalana, integrada por ERC y Junts, está experimentando una tensión interna creciente a la que contribuye el marcaje esencialista que sobre la política institucional realizan organizaciones como la ANC. La Diada del 11 de septiembre llegó en un ... momento delicado para la ya forzada unidad independentista, y ahora restan poco más de diez días para que, con el recuerdo del 1 de octubre de 2017, el unilateralismo rupturista vuelva a tener otra oportunidad de forzar las cuadernas de Junts y las del Ejecutivo autonómico. La comunión independentista solo se reconoce en el agravio. Piensa más en Cataluña que en los ciudadanos catalanes. Más en la querencia de retomar el camino que quiso emprender en 2017 que en su obligación, como coalición de gobierno, de atender a las necesidades sociales y a la recuperación económica en un momento de tanta incertidumbre.
Las elecciones autonómicas tuvieron lugar el 14 de febrero de 2021. Solo año y medio después la legislatura catalana parece agotada y a merced de los movimientos tácticos, casi cortesanos, a los que tanto se han aficionado las distintas familias del independentismo. La concepción patrimonialista del país contribuye a ello. Porque las formaciones independentistas se encuentran atenazadas por la presunción de que solo a ellas corresponde su dirección, conminadas mutuamente a impedir cualquier alianza alternativa, y convencidos los herederos de Convergencia de que el poder legítimo no puede seguir en manos de ERC. Mientras los más posibilistas de Junts se valen de los más radicales que exigen romper la coalición de gobierno, para seguir instalados en un pulso infinito con los de Junqueras y Aragonès. Eso no es estabilidad. Es mero temor a enfrentarse abiertamente al veredicto de las urnas, lastrando las posibilidades de Cataluña y, en esa medida, de España en su conjunto.
Ayer miles de ciudadanos se manifestaron en Barcelona a favor de la presencia del castellano en las aulas. Una inquietud que ha de encauzarse con soluciones para elevar los niveles de comprensión y comunicación de los más jóvenes en un entorno multilingüe, y a la que la Generalitat no puede dar la espalda alegando que es la lengua catalana la que está en peligro.
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