Gas e inflación

Ante el temor de que estos tres fenómenos lleguen a producirse, todos los gobiernos han ido tomando medidas del lado de la oferta para sortear lo mejor posible el problema. Asimismo, la Comisión Europea ha efectuado una serie de propuestas encaminadas, sobre todo, al logro de dos objetivos interrelacionados: lograr una menor dependencia exterior en materia de gas y cooperar a controlar y reducir la inflación. Las propuestas se asientan en tres pilares: la sustitución de algunas fuentes de suministro, la reducción del consumo, y la solidaridad entre Estados miembros

Aunque en el primero de estos tres pilares se ha avanzado de forma sustancial (Rusia ha pasado de suministrar el 40% del gas importado por la UE a sólo un 9%), la dependencia de algunos países es, todavía hoy, muy elevada. Hay que seguir, por lo tanto, profundizando en nuevas fuentes de suministro (Noruega parece ser el socio más fiable) y avanzar decididamente en materia de diversificación energética.

Como todo esto llevará tiempo, una de las propuestas, en alguna medida ya implementada, va en la dirección de fomentar el ahorro energético, mientras que otra va encaminada a modificar el mecanismo de formación de precios. En cuanto al primero, cabe señalar que, en promedio, el consumo de gas se ha reducido en torno al 12-13%, pero que los expertos apuntan a que deberíamos llegar al 20%; todavía queda por conseguir, por lo tanto, un margen de ahorro considerable, lo que requerirá esfuerzos adicionales por parte de la industria, las instituciones, el sector público y las familias.

En lo que concierne a la reforma del mecanismo de formación de precios de la electricidad, fijados por el coste marginal de la fuente más cara, que hoy es el gas, no existe consenso, salvo en que, de realizarse, la desvinculación del precio de la primera del coste del segundo debe hacerse con extrema prudencia. Como dice el refrán, «los experimentos, con gaseosa», pues no está muy claro cuál es el mecanismo más eficiente. Ello implica que tampoco haya consenso, por ejemplo, en lo que concierne a poner un tope al precio del gas. La denominada 'excepción ibérica' tiene, en este sentido, sus ventajas e inconvenientes; entre las ventajas, que el precio final de la electricidad al consumidor es menor que si no se hubiera puesto un tope al gas; entre los inconvenientes, que promueve el aumento del consumo de gas y la existencia de precios elevados, que va en contra de la reducción de carbono y de la transición verde y que favorece a los intereses rusos.

La última propuesta, ampliamente respaldada a nivel comunitario, aunque en España haya partidos políticos en contra, es la de aplicar un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. En palabras de Ursula von der Leyen, «en nuestra economía social de mercado, los beneficios son positivos. Pero en los tiempos en los que vivimos no puede ser que algunos obtengan unos beneficios extraordinarios y sin precedentes gracias a la guerra y a costa de los consumidores». Pero, salvo en el hecho de que se deben gravar tales beneficios, y no los ingresos, tampoco hay mucho consenso en cómo implementarlo, cuál debe ser su cuantía y si ha de operar de forma temporal o permanente.

Como fuere, con el dinero que se espera recaudar con esta última medida y, quizás, con la creación de un nuevo instrumento fiscal similar al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido para luchar contra los efectos de la pandemia, se podrían financiar los esfuerzos que, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, tendremos que realizar para controlar una inflación desbocada y para que la misma no deje atrás a los menos favorecidos. Sólo arrimando todos el hombro, con paciencia y tenacidad, seremos capaces de «doblar la curva inflacionista».