Reivindicaciones de la Justicia que se convierten en injustas

En el trabajo solicitó la mañana libre. Pasó el control de los servicios de seguridad y entró en una oficina en la que estaban presentes seis de las ocho funcionarias en plantilla. Nadie quiso atenderla: solamente le indicaron que la compañera que debía levantar el Acta de su Conciliación estaba de huelga. Educadamente, Marta señaló a una funcionaria: como el día anterior ya había preguntado a la compañera que hoy faltaba sobre el acto a celebrar, y ésta le había contestado que, dado que no estaba suspendido, debía acudir... hoy esa 'trabajadora' no estaba en su puesto y las otras seis cargaban las tintas frente a ella. Parece ser que era la que llevaba 'en exclusiva' los procesos que acababan en 6; el día anterior, esa compañera ausente señaló que la encargada era otra... justo la que hoy respondía a Marta.

Pidió por favor si la podían dar un certificado para justificar su presencia; también le fue denegado: «Ninguna de nosotras llevamos ese asunto, y no podemos atenderla. Ya lo sentimos». Marta salió de los Juzgados triste y con una absoluta sensación de impotencia.

Este ejemplo (real) de Marta no es un incidente aislado: las actuales huelgas en Justicia presumen de haber suspendido más de 1.000.000 de actos en toda España desde Abril; a ello debemos sumar los cerca de 300.000 juicios suspendidos por la anterior huelga de letrados judiciales. En total, miles de bodas canceladas, millones de euros en pensiones de alimentos o compensatorias retenidos en los juzgados desde hace 7 meses; decenas de miles de despidos o reclamaciones salariales sin tramitar en toda España; criminales que salen a la calle porque sus 'procedimientos prescriben' (permanecen sin actividad judicial y deben ser archivados); asuntos de violencia de género en el aire... ¿Qué está pasando? Los funcionarios de Justicia están de huelga y el resto de ciudadanos parece que debemos aguantar la situación, sin derecho alguno o capacidad de protesta.

Pero es una huelga particular: los funcionarios sí acuden mayoritariamente a su puesto de trabajo (los servicios mínimos señalados rozan el 40 %, y generalmente las oficinas están al 80 % de su personal habitual), pero no desempeñan su actividad remunerada: hoy acuden, mañana no; hoy trabajan 'normalmente', mañana indican que sólo hacen presencia obligada para atender 'su obligación de servicios mínimos': al final todos ellos cobran prácticamente el 100 % de sus sueldos a final de mes, pero el trabajo no sale. Así desde hace meses. Y dado que estas actividades perniciosas no revierten en las nóminas, esta huelga continuará indefinidamente.

¿Sus reclamaciones son justas y adecuadas? Probablemente sí, pero también debemos preguntarnos hasta qué punto 'el fin justifica los medios': de inicio solicitaron un incremento salarial correlacionado con el aumento que el Ministerio concedió a los letrados judiciales; también que se anulase la tramitación de diversas leyes que afectaban a la Función Pública.

Después de las elecciones autonómicas y la convocatoria de elecciones generales en España, el Gobierno estatal está 'en funciones' y no puede comprometer los presupuestos del que se forme tras el 23 de Julio. La tramitación de las Leyes frente a las que se oponían fue cancelada.

Abogados, procuradores y ciudadanos indicamos a los funcionarios que, por favor, sigan protestando, pero rebajen sus medidas, dado que actualmente nadie puede atenderlas y recepcionarlas; que den 'un voto de confianza' a las nuevas plantillas de gobernantes que necesariamente se conformarán en los próximos meses; también solicitamos den un respiro a la sociedad. Los funcionarios de la Administración de Justicia no deben olvidar las tareas sociales que justifican su existencia; no es de recibo que sus reivindicaciones se sustenten en una coacción desproporcionada a la sociedad y al resto de profesionales (más del 20% de los abogados y procuradores de este país cerraron a causa de la actividad totalmente irregular de la administración de Justicia, a causa de unas reivindicaciones desproporcionadas e injustas en sus formas de actuación: todos ellos tenían familia, hobbies, desempeñaban labores sociales... en resumen: eran personas con idénticos derechos que los funcionarios que hoy protestan).

También los gobernantes deben establecer los medios de control necesarios a fin que el derecho de huelga sea tal: quien acuda al puesto laboral, debe trabajar eficazmente, pues por ello ese día el Funcionario de Justicia percibirá su sueldo íntegro.

Ante todo, y respetando los derechos reivindicados, las administraciones gobernantes deben velar por 'cortar de raíz' todas las situaciones fraudulentas que actualmente sufrimos, amparadas en un 'Derecho de Huelga' mal ejercitado, evitando sus abusos en beneficio y defensa de los derechos de la propia sociedad: no todo vale; quizás rebajando los servicios mínimos y controlando la eficacia de los funcionarios de Justicia que ese día fichen; y más tarde, una vez se constate que estas actitudes perniciosas no se mantienen, será el momento para que la propia administración negocie lo que en Derecho ya concedió a otros antes.