Por una vivienda digna

El tema del mercado de alquiler de viviendas es un debate recurrente, que no siempre encuentra consensos sobre cómo articular posibles soluciones. El propietario duda de su decisión de alquilar la vivienda y los usuarios del alquiler se preguntan: ¿para qué pagar por una vivienda de la que no seré propietario? Según Eurostat, en 2020 el alquiler de viviendas en España suponía un 25%, mientras que en los países de la zona euro llega al 30% y en países como Suecia, Alemania, Austria o Dinamarca supera el 40%.

El propietario busca optimizar el alquiler, pero los temores al impago, cómo resolver un contrato o actualizar las rentas o las dificultades para imputar al inquilino desperfectos en la vivienda alquilada, son elementos a tener en cuenta cuando se abre el debate sobre el alquiler de viviendas. El beneficio del alquiler no siempre compensa los costes de las reformas de rehabilitación. El objetivo es alcanzar un marco jurídico que compatibilice de forma equilibrada los derechos del propietario y del inquilino. Es uno de los temas de la nueva Ley de vivienda, que deberá contar con el respaldo de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Ayuntamiento de Santander, en colaboración con otras administraciones y con los promotores privados, debiera definir y desarrollar una eficaz política de viviendas de alquiler, no solo en zonas de expansión sino en la ciudad consolidada mediante políticas de rehabilitación, pensando en jóvenes que necesitan independizarse o para familias que quieren disponer de una vivienda durante un tiempo hasta decidirse a adquirir su propio espacio habitacional.

En los objetivos de una política de vivienda está cómo incidir en la corrección de los precios. Las intervenciones de las administraciones no han paliado las dificultades objetivas para adquirir una vivienda por sectores amplios de población. Los esfuerzos normativos no han corregido las disfunciones existentes entre las administraciones central, regional y local con competencias en política de vivienda. Los ayuntamientos definen los usos de los suelos y la política de vivienda está transferida a las comunidades autónomas, aunque hay otros factores que influyen en el mercado inmobiliario: la fiscalidad, la regulación de los alquileres, las ayudas directas, las hipotecas…

En ocasiones se concluye afirmando que el mercado se ha impuesto al necesario intervencionismo de los poderes públicos, aunque quizá fuera más correcto decir que el intervencionismo administrativo no siempre ha corregido excesos de un mercado cuya oferta genera actividad y consumos y que se sustenta sobre una demanda real.

La clave pasa por introducir elementos que equilibren el intervencionismo con la lógica del mercado, evitando tensiones inflacionistas y corrigiendo la instrumentalización de ese mercado especialmente por fondos de inversión especulativos. En las nuevas construcciones debe existir una reserva no menor del 30% para vivienda protegida destinada al alquiler.

El urbanismo, donde se enmarca la política de vivienda, debe ser motor de desarrollo, de creación de empleo y de cambio social; un elemento de crecimiento racional y ordenado que sirva para desarrollar una ciudad donde vivir, como un espacio de encuentro habitable donde se fomenten valores de solidaridad y ciudadanía; que valore la estética urbana y la utilidad y funcionalidad de los espacios públicos; que organice los usos del suelo con previsión para las necesarias dotaciones educativas, sanitarias, culturales, sociales y deportivas; que regule la localización de las actividades económicas y que, en definitiva, defina y concrete los espacios habitacionales y la edificabilidad de las diferentes zonas de la ciudad.

El mercado por sí solo es incapaz de resolver los conflictos urbanos, pero una planificación coherente no puede hacerse de espaldas al mercado. Desarrollar un plan urbanístico requiere colaboración, contar con los promotores privados, con los agentes sociales y económicos y trabajar para lograr el equilibrio entre el mercado y la intervención en la gestión, como fórmula para aliviar presiones sobre el desarrollo inmobiliario, evitar poner en riesgo la sostenibilidad de la ciudad y responder a la demanda existente de vivienda en alquiler o para adquirir a precios asequibles.

Una política municipal progresista en Santander abordará cambios en el planeamiento urbanístico y desarrollará con urgencia estrategias para la rehabilitación de zonas urbanas degradadas o en desuso, para evitar zonas de exclusión y marginalidad, optimizará espacios urbanos coordinando desarrollos urbanísticos con zonas habitacionales y disponibilidad de infraestructuras y dotaciones y todo ello con la necesaria negociación y coordinación con otras administraciones y con la iniciativa privada.