Jurado popular

Aunque ser mayor de 65 años –el día del sorteo estaba a punto de cumplirlos– era uno de los supuestos para negarse a participar en esa tarea, deseaba no ser elegido, porque el puesto tenía gran responsabilidad. Sin ir más lejos, los componentes del jurado popular que culpó a Carmen Merino de la muerte de Jesús Mari Baranda –el célebre caso del cráneo de Castro Urdiales– tuvieron que estrujarse las meninges para determinar si tal suceso había sido homicidio o asesinato, porque penalmente eran diferentes, ya que el asesinato es «un homicidio más grave» que conlleva los añadidos de «alevosía, ensañamiento o precio, recompensa o promesa». Menudas caras se les quedarían a los miembros del jurado cuando escucharon tales puntualizaciones al abogado de la defensa.

Fernando Lázaro Carreter, que pulía el lenguaje con precisión de orfebre, denunció en su momento que el léxico enrevesado de ciertas leyes parecía pensado solo para juristas, por lo que pedía «caridad» para el ciudadano común. Camilo José Cela, hábil estrujador de palabras, rizó el rizo al discernir entre estar dormido o durmiendo, razonándolo porque decía que no era igual estar jodido que estar jodiendo.

Ambos autores vinieron a mi pensamiento cuando imaginé la deliberación que tendrían los ciudadanos comunes que integraban aquel jurado. Sobre ellos pesaba la responsabilidad de decidir entre dos supuestos con idéntico final –la muerte–, pero bastante distintos en cuanto al tiempo de condena.

Cuando no nos nominaron para solventar tal embrollo, fuimos verdaderamente agraciados.