Justicia gratuita y turno de oficio

La asistencia jurídica gratuita es uno de los pilares esenciales de nuestra sociedad, que garantiza el derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos en condiciones de igualdad. Al mismo tiempo, es un servicio público con el que estamos comprometidos todos los Colegios de Abogados, a través de la defensa efectiva en juicio y mediante la organización y tramitación de los expedientes para el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita.

Los profesionales sanitarios, a los que todos hemos rendido homenaje por su trabajo, han constituido la primera línea de defensa frente al virus, un servicio esencial más visible y necesario. Pero, al igual que otras profesiones esenciales, la Abogacía ha seguido prestando asistencia jurídica gratuita y ejerciendo el turno de oficio durante este tiempo tan convulso, garantizando así el derecho a la defensa de todos los ciudadanos en un momento y condiciones difíciles para todos.

Por eso, hoy más que nunca, es necesario reconocer su trabajo y reivindicar la labor que desempeñan. A tal fin, la Abogacía española, en colaboración con otras instituciones, publica un año más el Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita.

Una XV edición en la que, con la participación de expertos independientes, se recopilan todos los datos de este servicio en 2020 y se formulan recomendaciones para su mejora.

Las conclusiones de dicho informe ponen en evidencia las carencias de este servicio público, que se acentúan en Cantabria, al encontrarse en la cola de las Comunidades y Ciudades Autónomas en términos de inversión por habitante en justicia gratuita.

Es necesaria una reforma profunda de la normativa que regula este servicio y, en nuestra región en particular, es imprescindible abordar de manera urgente la publicación de un nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica que sustituya al vigente desde 2008.

Esta norma cumple dos funciones muy importantes: por un lado, regula la organización del servicio de asistencia jurídica gratuita que desarrolla el Colegio de Abogados, en cuanto a atención a la ciudadanía y tramitación de los expedientes para el reconocimiento de este derecho. Por el otro, contiene los baremos que determinan las indemnizaciones que perciben los profesionales por su intervención en defensa de las personas sin recursos.

De nuevo, nuestra comunidad autónoma se ha quedado rezagada en la mejora y dignificación de las cantidades percibidas por los profesionales que prestan este servicio, siendo indispensable no dejar pasar más tiempo para adecuar estos baremos, que ya acumulan demasiado retraso.

Del mismo modo, es necesario actualizar los procedimientos judiciales o extrajudiciales en los que la asistencia jurídica especializada resulta imprescindible, como son la mediación y el mecanismo de la segunda oportunidad.

La implantación de la mediación como método alternativo a los tribunales para la resolución de conflictos, va poco a poco ganando terreno, gracias al compromiso de la Abogacía con el proyecto de Mediación Intrajudicial y a los convenios con otras instituciones, como los suscritos este año con las Cámaras de Comercio de Cantabria y de Torrelavega. Pero es un servicio de pago que muchas personas no se pueden permitir.

Y el mecanismo de la segunda oportunidad va a ser protagonista en la salida de la crisis económica provocada por la pandemia para muchas personas físicas abocadas a la insolvencia.

Y requiere de una asistencia especializada para conseguir, mediante el correspondiente procedimiento judicial, la liberación de sus deudas a través de la exoneración del pasivo insatisfecho.

Desde la Abogacía, hoy convocamos en la sede judicial de las Salesas, al resto de operadores jurídicos y compañeros: procuradores, jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y a la Consejería del ramo, para que nos acompañen en la lectura del manifiesto en defensa de la justicia gratuita y en el merecido homenaje a los profesionales que desarrollan este servicio, no sin dejar de reivindicar estas mejoras indispensables, tanto para los profesionales como para la organización de este importante recurso ciudadano.