Legislar en caliente

Gran notoriedad ha tenido en los medios de comunicación la golpiza dada hace unas semanas a un médico en un centro de salud de nuestra ciudad y las manifestaciones por tal execrable hecho. Sin embargo pronto lo olvidaremos -salvo los afectados y sus próximos- al igual que hicimos con las 368 agresiones que sufrió el personal sanitario el pasado año y en los que tuvo que intervenir la fuerza pública. Seguro que tales hechos nos indignaron cuando los conocimos, pero rápidamente pasamos pagina y por aquello de que no se debía legislar en caliente ninguna medida se adoptó, más allá de las penales que pudieran derivarse de cada acto concreto y todo quedó nuevamente en el olvido. Todo, menos el miedo de quienes temen ser objeto de agresiones como las sufridas por muchos de sus compañeros.

Parece impensable que haya individuos -por llamarlos de alguna manera y no utilizar el nombre que realmente les cuadraría mejor- que sean capaces de insultar, amenazar y agredir de forma salvaje a quienes desarrollan una de las actividades más nobles al servicio de la sociedad, que si en todo momento demuestran sus cualidades humanas éstas quedaron más aún de manifiesto con motivo de la pandemia del covid-19 recientemente padecida, todos los cuales prestaron un servicio impagable en el cuidado de nuestra salud.

Este mismo comportamiento ocurre, con mucha más frecuencia de lo deseable, con profesores que son amenazados, y hasta agredidos, por padres de alumnos que con su actitud ya indican el por qué del comportamiento de sus hijos. Al igual que en el caso de los sanitarios, las agresiones se suceden pero nada hacemos para evitar se repitan hechos tan lamentables siguiendo, naturalmente, el consejo de no legislar en caliente.

A tal efecto, en un artículo publicado en este periódico en agosto de 2020, al analizar la violencia que se venía produciendo sobre profesores y personal sanitario, preguntaba: «¿Qué hacer ante tales comportamientos?

Indudablemente, con los jóvenes sólo cabe una solución: más y mejores escuelas; más y mejor formación; más y mejor educacion en valores; enseñarles que sus derechos tienen los límites de los derechos de los demás; inculcarles que el respeto a los otros es la base al respeto a sí mismo; fomentar en ellos el ejercicio de la disciplina y la autoexigencia; convencerlos de que solo el trabajo es la base para el progreso en la vida...

¿Y con sus progenitores? Pues la aplicación inmediata del principio de respeto que debe exigirse en toda relación entre responsables adultos.

Por ello, si la relación con el centro en el que estudia su hijo es alterada por aquellos mediante la coacción o la violencia física, debiera corregirse tal actitud prohibiéndoles su acceso al mismo y su aproximación física a los profesores.

¿Y en la sanidad pública? El mismo principio de respeto debiera ser exigible entre el profe-sional sanitario y el paciente. ¿Y si éste no respeta tal principio? La solución debiera ser inmediata: expulsarle del sistema público de salud por un tiempo concreto, prohibiéndole el acercamiento físico al correspondiente centro sanitario y a sus profesionales, salvo que la gravedad de sus dolencias exigiera un tratamiento médico de urgencia, o que, arrepentido de sus actos, se disculpara adecuadamente. ¿Son duras las soluciones indicadas? Seguramente sí, pero ¿es admisible que los profesionales de nuestra sanidad y educación trabajen bajo el miedo a ser agredidos por algunos sujetos cuando solo respeto merecen por su esfuerzo y dedicación, no siempre adecuadamente reconocido y menos aún retribuido?

Confiemos en que quien deba adopte ahora, aunque esté el tema caliente, las medidas de prevención que eviten situaciones tan lamentables como las denunciadas y que quienes a pesar de ello cometan actos como los denunciados sean castigados acorde a su cobardía y vileza.