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Las elecciones generales del 23 de julio han deparado una sorpresa de gran calibre y suponen una importante lección para quienes creíamos que ante los pactos (cámbiense por coincidencias, acuerdos puntuales, etc.) del gobierno con los partidos que propugnan la desigualdad entre los españoles y ... representan los viejos valores del carlismo, la reacción de los españoles iba a ser contundente. No ha sido así. El PSOE ha resistido muy bien la marea ascendente de la derecha e incluso en Cantabria ha crecido y duplicado, con un diputado más, su representación en la carrera de San Jerónimo.
Las elecciones han sido limpias y transparentes. El trumpismo ni siquiera ha asomado la cara, porque incluso el difícil reto de Correos para gestionar el voto se solventó con éxito. Resultado inapelable en las urnas que conduce a una etapa de inestabilidad. El poder de los partidos independentistas y contrarios a la Constitución es un problema, el gran problema de España. La solución solamente llegará cuando –las utopías en ocasiones se trocan en realidad– los dos grandes partidos, PSOE y PP, alcancen un acuerdo para que todos los españoles seamos iguales y se evite que unas minorías extractivas impongan su criterio a la mayoría.
Entramos en una etapa de incertidumbre, a la espera de que Pedro Sánchez logre una mayoría y forme gobierno o se repitan las elecciones, a finales de este año. Pero Cantabria no debe paralizarse. El resultado de los comicios autonómicos del pasado 28 de mayo es inamovible y nuestra comunidad tiene un gobierno con muchas competencias que gestionar. El nuevo ejecutivo regional debe activar sus planes y hacer realidad sus promesas. La situación de un gobierno de España en funciones, con poderes limitados, no debe ser un freno para que Cantabria inicie, de inmediato, el desarrollo de su programa.
María José Sáenz de Buruaga debe tomar decisiones: el derribo de la residencia Cantabria ha sido una de las primeras. Pero, es preciso prepararse para afrontar seis meses sin gobierno en España. Bien porque las negociaciones de Pedro Sánchez para aglutinar a tantos partidos en una mayoría de gobierno se dilate, bien porque finalmente el bloqueo conduzca a celebrar nuevos comicios allá para final de este año o principios de 2024.
Los grandes retos de Cantabria dependen, en su mayoría, de las decisiones del gobierno de España: desde el desarrollo del AVE a Reinosa, hasta la construcción de la autovía Aguilar de Campoo-Burgos o el futuro de los espigones de la playa de la Magdalena. Pero el ejecutivo de Buruaga tiene en sus manos muchos mecanismos para sacar a Cantabria de una larga pendiente descendente y poner punto final a la decadencia de la región.
Las reformas fiscales no precisan el beneplácito del gobierno central, como tampoco medidas para mejorar la educación y otorgar más libertad a las familias a la hora de elegir centro educativo. Otra actuación urgente, a tenor de lo manifestado por empresarios y ciudadanos, es la demora en el otorgamiento de licencias, un cuello de botella que frena el crecimiento, enfría el emprendimiento y cercena la creación de puestos de trabajo. Este ejecutivo bien puede afrontar, con decisión, la reducción del número de municipios para mejorar la eficiencia, ahorrar recursos y presentar un mapa municipal más austero, realista y manejable.
La tarea más importante para la que debe prepararse el equipo de Buruaga es la de trabajar con la hipótesis de tener que negociar con un gobierno socialista, al que se añaden Sumar y todos los partidos independentistas. Las condiciones, no solo políticas sino económicas que impondrán, suponen una amenaza para comunidades como la cántabra y bien podemos asistir a cuatro años más de mínimas inversiones del Estado en Cantabria, porque los fondos disponibles se destinen a cumplir los compromisos con Cataluña y País Vasco.
El equipo formado por Buruaga para afrontar los próximos cuatro años estaba orientado a negociar con un gobierno del mismo color en España. Las elecciones del pasado domingo obligan a modificar esa estrategia. Los consejeros deberán prepararse para entenderse con un gobierno socialista atado a diferentes formaciones independentistas. Cantabria tendrá que pugnar por sus derechos, preteridos durante mucho tiempo, con un gobierno de diferente color político, en un entorno de austeridad impuesto por la Unión Europea.
Para el PP la única ventaja que se atisba es que será Pedro Sánchez quien tenga que aplicar la política correctiva de la UE. El próximo año se pondrá fin a los créditos gratis y a los manguerazos de dinero lanzados desde el Banco Central Europeo. El PSOE tendrá que tomar medidas escasamente populares.
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