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Aunque se ignora el número exacto, se calcula que en nuestro país hay en vigor más de 100.000 textos normativos, gran parte de ellos de alcance autonómico. En Bruselas se produce una abundante normativa diaria, lo que obliga a los Estados miembros a realizar ... un esfuerzo para su adaptación. Esta alusión al abundante peso de la producción normativa viene al caso de que parece que nos hemos adentrado en una sociedad en la que, ante la existencia de diferencias, la respuesta necesariamente haya de ser normativa.
La abogacía, a la que pertenecemos quienes suscribimos estas líneas, sostiene que ante cualquier conflicto debe prevalecer el diálogo y la reiterada búsqueda del acuerdo entre las partes; será ante la imposibilidad de acuerdo cuando haya que acudir a los Tribunales. En cualquier caso es claro que para obtener una respuesta eficaz dentro del servicio público de Justicia, es esencial un dialogo fluido entre todos sus actores.
Con esta finalidad se constituyeron en el año 2003 las Comisiones para las Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ). Su función es, tal y como apuntamos, servir de nexo de comunicación entre los profesionales más numerosos de cuantos operan en la Justicia, la abogacía, y quienes ejercen la organización y coordinación de la Administración de Justicia y la potestad de su aplicación.
Durante estos 19 años, la Abogacía en cada rincón de España ha contribuido con aportaciones, reflexiones y también con reclamaciones a poner sobre la mesa los principales problemas que aquejan a los Juzgados y Tribunales y también sus posibles soluciones.
Fruto de todo ese trabajo han surgido a iniciativa de las propias Comisiones, los Códigos de Buenas Prácticas, compendio de comportamientos que ayudan a mejorar las relaciones con la Administración de Justicia y, por tanto, su funcionamiento. Estos Códigos son una muestra más del espíritu que nos guía y que prefiere anteponer en todo caso la corrección y el diálogo.
Los próximos días 12 y 13 de mayo, un centenar de responsables de las CRAJ de toda España se reúne en Santander para debatir sobre cómo seguir avanzando en contribuir a la mejora de nuestro servicio público de Justicia. Vamos de dedicar un día y medio a encontrar los caminos para que aquel servicio resulte más adecuado a los estándares de calidad que demanda la ciudadanía.
Ese es sin duda el principal objetivo de las CRAJ, si bien entre las funciones de estas Comisiones y través de la representación nacional que ejerce el Consejo General de la Abogacía Española también está la de proporcionar las condiciones indispensables para que la abogacía desarrolle su labor con plena dignidad. De forma muy reciente, el diálogo entre CGAE y el Ministerio de Justicia ha hecho posible que el proyecto de ley de Eficiencia Procesal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados incorpore la suspensión de los plazos y de las actuaciones cuando el letrado o letrada se encuentra de baja por paternidad o maternidad. Cuando el texto sea ley, dentro de unos meses, habremos conseguido que al menos en este aspecto los profesionales de la abogacía tengan la misma consideración de la que ya disfrutan los funcionarios de la Justicia. En el tránsito parlamentario intentaremos que esa consideración se extienda también a los periodos de baja por enfermedad.
Este es uno de los motivos por el que consideramos que esta XIV edición de las Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia tendrán una especial importancia. No es de menor trascendencia que el año pasado entrase en vigor el nuevo Estatuto General de la Abogacía que dota a las CRAJ de mayores funciones y protagonismo. Nuestra renovada normativa interna no solo reconoce su papel, sino que refuerza sus cometidos y misiones.
A los profesionales de la abogacía nos satisfacen estos pasos hacia una mejor conciliación que esperamos se consoliden pronto, pero es importante señalar que pareciendo un cuestión meramente corporativa en realidad tiene una amplia repercusión. Tal y como se apuntaba al comienzo de estas líneas, cualquier avance en la mejora de las condiciones y relaciones de los profesionales del mundo de la Justicia redundará a buen seguro en una mejora del funcionamiento de este servicio público.
Trabajar para mejorar la sociedad en la que vivimos lejos de ser una tarea gravosa supone un orgullo para quienes la tienen encomendada. Y poder hacerlo en un lugar como Santander supone un regalo adicional del que seguro van a disfrutar los participantes durante el tiempo libre que les permitan sus deliberaciones y debates. Agradecidos a la ciudad de antemano, esperamos que estas jornadas sean tan fructíferas para la ciudadanía como para el propio conjunto de la Abogacía.
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