Okupas sí, reuniones no

Con motivo de la pandemia del covid-19 que durante tanto tiempo viene ocupándonos y preocupándonos, hemos podido asistir a hechos que ponen de manifiesto muchas incongruencias en el comportamiento de algunos de nuestros políticos. Me refiero, por ejemplo, a la llamada 'patada en la ... puerta', que todos hemos visto en nuestros televisores y que luego se ha multiplicado exponencialmente a través de las redes sociales, método con el que la policía ha entrado con gran violencia, rompiendo puertas y ventanas, a domicilios particulares por el hecho de celebrarse una fiesta con un número de participantes superior al permitido y sin guardar las medidas de seguridad establecidas, y por ello, con toda justicia, sancionable por falta muy grave, pero para lo que podían haber esperado a que salieran sus ocupantes por su propio pie para aplicarles la ley con el rigor que su irresponsabilidad merecía. La violencia de tal incursión en un domicilio particular, derribando a patadas o con la ayuda de algún elemento contundente la puerta de acceso de una vivienda particular, choca con la pasividad, cuando no total inacción, con la que diariamente observamos a las mismas fuerzas de seguridad -seguramente que con gran desesperación por parte de muchos de sus integrantes por las órdenes recibidas de que nada deben hacer al respecto- ante la ocupación de una vivienda por parte de unos okupas, muchas veces miembros de una banda organizada que luego ceden o alquilan la misma a otras personas, que tratan tal vivienda de manera totalmente desconsiderada -tal y como puede verse cuando sus legítimos propietarios pueden recuperarlas, en las que pueden apreciarse los desperfectos ocasionados y la mugre y porquería acumulada- y que durante su estancia en la misma, además de los daños, se permiten el lujo de ejercer violencia verbal, cuando no de otro tipo, sobre los vecinos del edificio y barrio que tiene la desgracia de contar con tan indeseable compañía. ¿Por qué se actúa de forma tan contundente y rápida ante una reunión -ilegal, sí, pero no tan urgente como para tener que derribar la puerta a patadas- mientras no se hace nada ante la ocupación violenta -sí, violenta, porque toda ocupación de una propiedad privada es una violencia inadmisible- de una vivienda a la que desde ese momento no puede acceder su legítimo dueño y a la que para más escarnio debe seguir, en muchos casos, pagando la luz, el agua, el gas, la comunidad o el IBI? ¿Por qué hay que esperar a la desesperante lentitud de la justicia para que apruebe, o no, la entrada de la fuerza pública en una vivienda ocupada por unos desaprensivos, cuando no simples delincuentes, y sin embargo lo hacen con tal rapidez y eficacia ante una fiesta de unos particulares, por muy ilegal que sea la misma? ¿Será, acaso, porque ahora estamos en estado de alarma y por ello se permite a las fuerzas de orden público actuar así, sin tener que esperar a mandamiento judicial alguno? Si así fuere, que lo dudo, ¿por qué entonces no aprovechan para desalojar todas y cada una de las viviendas ilegalmente ocupadas?