Que paguen los responsables

¿Quién paga los gastos que suponen derribar y luego volver a construir? ¿Quién resarce a los afectados de los gastos de defensa legal y daños emocionales sufridos por los mismos ante la amenaza durante muchos años de tales derribos? En el primero de los interrogantes es posible que las Administraciones responsables se tengan que hacer cargo de tales costes. En el segundo, la respuesta es segura: nadie, absolutamente nadie.

Pero si una Administración es responsable, ¿quién paga los costos? Pues quien va a ser, los ciudadanos de la comunidad autónoma o los vecinos del correspondiente Ayuntamiento, con sus impuestos. Ante ello surge otra pregunta: ¿y por qué nosotros? Lo lógico sería que lo pagasen los responsables de las irregularidades cometidas, ¿no? Y además, que lo paguen no con cárcel, que encima tendríamos que sufragarles su estancia en la misma, sino que lo hagan con su patrimonio, para con él construir nuevas viviendas para los afectados y si careciese de este con su trabajo al servicio de la comunidad.

Otra cuestión, no menos importante, que se plantea es ¿y por qué derribar las viviendas ya construidas? ¿No sería mejor conservarlas y utilizarlas para usos sociales, en tanto las mismas sean útiles y necesarias para tales fines? Resulta ilógico, para alguien que observe el asunto desde la distancia, ver cómo la sociedad, a través de sus distintos órganos de poder, derriba unas viviendas ya construidas y a la vez esa misma sociedad no es capaz de dar una vivienda digna a algunos de sus miembros que careciendo de ella pudiesen ocupar una de las ya construidas –lógicamente por causas exclusivamente muy justificadas y bajo estricto control– en tanto salen de la situación de alta precariedad económica en que se encontrasen, dando así cumplimiento al principio proclamado en nuestra Constitución que establece, en su artículo 47, que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».

En reiteradas ocasiones, con la fácil y didáctica pluma de la que hace gala en su columna dominical Manuel Ángel Castañeda, ha venido poniendo de manifiesto la incongruencia de que mientras en Cantabria no somos capaces de legalizar unas viviendas, que fueron construidas con las preceptivas licencias e informes técnicos, compradas por sus actuales propietarios sin nada que hiciese pensar en su posible ilegalidad, y pagados los correspondientes impuestos a todas y cada una de la Administraciones intervinientes, en otras comunidades autónomas, y ponía el ejemplo de Andalucía, se están legalizando gran número de viviendas, construidas sin ningún control ni mucho menos adquiridas bajo ninguna apariencia de cobertura más o menos legal.

Quien recorra la Axarquía, en la provincia de Málaga, encontrará cientos y cientos de viviendas, algunas muy sencillas y otras verdaderas mansiones, las más de ellas sin legalizar, ni tan siquiera aparecer en ningún registro oficial. Tal estado de cosas quedaba reflejado, con claridad y crudeza, en un gran cartel en la carretera que da acceso a uno de los pueblos de la citada comarca malagueña en el que advertía a los posibles interesados que antes de adquirir una vivienda en la zona preguntasen su situación administrativa en el Ayuntamiento. Ante esta realidad la Junta de Andalucía se ha propuesto poner orden en tal irregular situación facilitando de forma extraordinaria la legalización de tales viviendas –más de 300.000 en toda Andalucía– mediante la adopción de las acciones legislativas y administrativas precisas.

Es por ello necesario y urgente que en Cantabria todas las administraciones implicadas, incluida la de Justicia –aunque para ello tenga que levantar un pico de la venda que tapa sus ojos– se pongan manos a la obra para adoptar las medidas que fueren necesarias que permitan legalizar las viviendas ya construidas, utilizar para fines sociales las que no pudieran serlo bajo ninguna circunstancia –impidiendo, lógicamente, que se pueda negociar con ellas más allá de su utilización en usos humanitarios de situaciones familiares extremas– y eviten que se reproduzca, nunca más, una situación como la comentada. Y, por supuesto, si alguien tiene que pagar que lo hagan los responsables no los ciudadanos que nada han tenido que ver con el desaguisado de turno