La paz a cualquier precio

Desde el Gobierno de España se promueven profundas modificaciones en la legislación sobre los delitos de sedición y malversación. El único argumento cierto -el trampantojo de equiparar la legislación con el resto de países de la UE ya se ha demostrado falso- es el de pacificar Cataluña y ofrecer buenas perspectivas a los independentistas vascos. Y en ese punto, el Gobierno puede ofrecer algunos resultados tangibles: No se ha vuelto a proclamar la república independiente de Cataluña y los grupos de acción violenta han atenuado su actividad delictiva en las calles.

A partir de ahí surge la pregunta: ¿Es la paz el bien a lograr a toda costa? ¿Se debe renunciar a los derechos para evitar el conflicto? y esta es la interrogante que deben responder quienes tienen el poder, adquirido de forma legítima. Si para lograr la paz basta con desistir de un derecho está todo dicho: La mayoría de españoles nos declaramos súbditos de una minoría, renunciamos a la igualdad y la libertad y tendremos paz. Una paz frágil e inestable, porque quienes han saboreado los réditos de la presión, no cejarán en utilizarla de forma permanente.

Cuando existe un conflicto la solución civilizada es el diálogo y el pacto. El barman prepara la bebida que agrade, en este caso, no a las personas acodadas en la barra, sino a un pequeño grupo sentado en una esquina del local. El cóctel se elabora con la receta de ese grupo y así se puede afirmar que se ha contentado a la mayoría. El resto se verá obligado a consumir un producto no deseado.

La historia ofrece un amplio muestrario de cesiones para instaurar la paz, que terminaron mal. Como dijo Churchill al inicio de la II Guerra Mundial, en respuesta a Chamberlain: «Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra... elegisteis el deshonor, y ahora tendréis la guerra». El camino emprendido por el presidente del Gobierno de España es equivocado: Amoldar las leyes para convertir en legal lo que resulta a todas luces ilegal no es posible mantenerlo por mucho tiempo, a no ser que los españoles renunciemos a ser libres e iguales y aceptemos que una minoría -no suponen más allá de un mínimo porcentaje de votos- se imponga sobre el resto.

Asistimos impávidos a una situación excepcional: varios diminutos partidos políticos, con un leve peso en el conjunto de la nación, imponen sus reglas. Es más, se trata de partidos que no aceptan la Constitución y que tienen entre sus objetivos confesos la desmembración de la nación española. Esos partidos no se ocultan y proclaman abiertamente su objetivo de quebrar la unidad de la nación. Acerca de su aceptación del texto constitucional, basta con recordar las contorsiones verbales que realizan sus representantes parlamentarios cuando llega el momento de aceptar la carta magna. En el momento de acatar la constitución se evidencia que esos diputados la rechazan, pero aprovechan las facilidades que les ofrece la legislación para simular una falsa aceptación y convertirse caballo de Troya en la carrera de San Jerónimo.

El ejemplo es desolador. Las dos comunidades autónomas más ricas de España, con mejores dotaciones públicas, buscan desesperadamente la independencia para no compartir su prosperidad con las regiones menos favorecidas. Y esa tesis es defendida por algunos partidos progresistas, que pregonan la igualdad como elemento básico de una sociedad avanzada en derechos.

La paz es un bien supremo y se debe buscar siempre con ahínco. La forma más directa de pacificar es aceptar las demandas del contrario y, en caso de conflicto bélico, la opción más segura es la rendición. Creo que la mayor parte de los españoles no deseamos la paz, si para ello es preciso renunciar a nuestros derechos. No sirve alcanzar la paz cualquier precio. La historia ha dado lecciones sobradas sobre las consecuencias de la renuncia y la claudicación.