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En los últimos días se han multiplicado las presiones para que las instituciones políticas investiguen los casos de abusos a menores en la Iglesia. Pero, si se trata de conocer la amplitud del fenómeno, de prevenir todos los abusos y de escuchar a las ... víctimas, ¿por qué limitar la investigación a la Iglesia católica? ¿Por qué se da por supuesto que en otros ámbitos no hay nada que investigar?
Todos sabemos que los abusos se dan en muchos campos. Si se trata de proteger a los menores, la transparencia y el reconocimiento de la verdad pueden ser de gran ayuda. Pero esto vale para los menores en todos los ámbitos. Y no da la impresión de que hasta el momento se haya puesto el mismo empeño en investigar lo que ocurre fuera de la Iglesia católica.
Así, en el caso de abusos en el deporte se ha publicado recientemente el primer estudio realizado en seis países europeos, entre ellos España. Resultó que el 20% declaraba haber sufrido violencia sexual con contacto. ¿Qué diríamos si una encuesta entre exalumnos de colegios católicos revelara que uno de cada cinco había sufrido abusos sexuales? Pero nadie ha pedido una investigación en el Parlamento para saber lo que ha ocurrido en los gimnasios. Tampoco sabemos nada de la extensión de este problema en la escuela pública, pues nunca ha habido parlamentarios interesados en pedir datos.
Lo que sí ha trascendido es la negligencia en el cuidado de adolescentes acogidas en instituciones públicas de tutela de menores, en Baleares y la Comunidad Valencia, que fueron prostituidas de forma continuada sin que los responsables de estos centros lo advirtieran. En ambas regiones gobierna el Partido Socialista apoyado por partidos nacionalistas y de izquierdas. Grave es que en Baleares, 17 menores de edad tuteladas por la Administración fueron prostituidas por mafias, y la presidenta socialista de esa comunidad autónoma se haya negado a abrir una comisión de investigación, a pesar de que hasta una delegación del Europarlamento se lo ha pedido.
Gravísimo es que la vicepresidenta separatista de la Comunidad Valenciana y consejera de Igualdad ocultara que su exmarido había sido condenado a cinco años de prisión por abusar sexualmente de una menor en un centro de acogida del que él era educador. En la Comunidad Valenciana se ha descubierto otra red en la que 175 menores tuteladas sufrieron vejaciones sexuales en los últimos dos años. Pero este tipo de víctimas en centros públicos no parecen importar, los políticos socialistas responsables han tratado de ocultarlos. Pero si no se investigan todos los terrenos, se evidencia que las víctimas de abusos en otros ámbitos carecen de importancia.
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