Y quiero ir a clase

La rectora de la universidad, por su parte, ha puesto el grito en el cielo. Asegura, igual que el consejero de universidades, que a ella nadie le ha pedido opinión, que la universidad es segura y que se han tomado todas las precauciones necesarias para continuar la actividad normal; que no hay brotes. Así que, ni cortos ni perezosos, los estudiantes, un centenar con apoyo de algunos sindicatos, se echaron a la calle y protestaron por considerar que la suspensión es perjudicial para su formación, «no es razonable» ni obedece a «criterios sanitarios» y que se sienten señalados, máxime cuando la Junta no ha adoptado «ninguna restricción -dicen- para con los establecimientos de ocio nocturno y hostelería, donde, en muchas ocasiones, no se cumplen las medidas sanitarias apropiadas».

Y, desde luego, no les ha faltado parte de la razón al denunciar lo que ocurre en la hostelería o en el ocio nocturno, donde se observan conductas poco responsables que podrían invitar a ese cierre total que parecen reclamar, para hacer justicia a su propia situación. Sin embargo, da la impresión de que no tienen en cuenta la repercusión económica que un cierre de la hostelería acarrearía a miles de familias de empresarios y trabajadores del ramo, incluidas las de muchos estudiantes, que necesitan poder abrir y captar clientes para sobrevivir en un sistema en que todos dependemos de todos.

Pero, además, estimo que hay que distinguir: no se puede equiparar una suspensión de la docencia presencial con el cierre de las empresas, sean del sector que sean. La diferencia está en que muchas empresas, incluidas las de hostelería y ocio nocturno, no pueden prestar sus servicios en la modalidad de teletrabajo y en que sus trabajadores dependen enteramente de su actividad para sobrevivir; en la universidad, en cambio, la actividad docente sí puede prestarse a distancia y sus destinatarios, que son sus beneficiarios, no son trabajadores que vayan a entrar en un ERTE o que pierdan sus salarios por un cese de actividad, sino estudiantes a los que se pide que durante diez días reciban su prestación a distancia. Más aún, en el caso de la hostelería que tanto preocupa a los universitarios, el problema no reside normalmente en el empresario, sino en el comportamiento irresponsable de muchos clientes -también de algunos estudiantes-, que dan muestras de no saber estar a la altura de las circunstancias.

Por lo demás, la suspensión de la enseñanza presencial no se me antoja un capricho de la Junta, para señalar un supuesto mal comportamiento de los universitarios, ni mucho menos para perjudicar su formación; es más, entiendo que no tiene nada que ver con que se registren más o menos casos en las aulas: rectora y estudiantes no parecen haber comprendido o no han querido comprender la razón de la medida. Sin poner en duda la bondad de las medidas de seguridad adoptadas por esa universidad, avaladas, por lo visto, por los datos, estimo que el sentido último de la suspensión, al igual que ha ocurrido en algunas facultades de mi universidad, es el puramente sanitario de contribuir a aliviar y disminuir los contagios por coronavirus, gracias a que muchos miles de personas dejen de moverse por sus circuitos habituales: aulas, pasillos, aledaños de los campus universitarios, bares, comedores, transporte público... Ahí es donde, insisto, puede mostrarse beneficiosa la medida.

En fin, no creo que la temporal enseñanza telemática sea un drama para la mayoría. Mi experiencia me dice que, aunque no sea lo mismo (faltan el ambiente, el lugar, las miradas, la interacción fluida...), la materia se da igual. No entiendo, pues, el enfado de los estudiantes granadinos; tampoco su manifestación. Al revés, su «quiero ir a clase» a toda costa, sin pensar en los demás, lo considero un gesto egoísta e insolidario más propio de niñatos consentidos que de auténticos universitarios.