¿Por qué no?

Con este panorama de declaraciones, uno ya no sabe quién está más colocado, si los acusados o los acusadores, pero para disolver dudas por qué no se arbitran medidas para averiguarlo.

No es nada nuevo la idea de aplicar test de drogas a los políticos. En Francia, la diputada Caroline Janvier ya denunció que tanto parlamentarios como ministros consumían. En Italia, tras las acusaciones de que en el Parlamento se esnifaba cocaína, los diputados y senadores acordaron someterse a un control. En Filipinas, para evitar suspicacias, los candidatos a las elecciones presidenciales se hicieron pruebas para demostrar su limpieza de vicios. En Chile, se aprobó una ley para detectar el consumo de drogas entre los parlamentarios analizando el cabello, e incluso hubo un programa de televisión que engañó a cincuenta de ellos en una entrevista cuando accedían al pleno y, con la disculpa del maquillaje, analizaron el sudor para detectar que doce de ellos habían consumido marihuana y cuatro, cocaína.

En España, Carles Mulet, de Compromís, quería realizar un test de drogas, alcoholemia y explosivos a quienes accedieran al Senado, y el diputado de Vox, Santiago Abascal, propuso un control antidroga a los diputados antes de acceder al Congreso.

Es evidente la enorme responsabilidad que soportan nuestros políticos a la hora de dirigir el país, responsabilidad no menor que la que tenemos los conductores obligados a soplar cuando lo ordena la Guardia Civil. ¿Por qué no vamos a exigir las mismas mentes lúcidas para guiar el destino de nuestras vidas que las que se requieren en la carretera?