Recuperamos

Me preocupa que a estas alturas no tengamos todavía bien diseñado ni el marco general de las ayudas, ni los canales de distribución, ni los criterios de concesión. Son demasiadas incógnitas y hemos tenido tiempo suficiente como para haber avanzado en las respuestas. Entiendo que el Gobierno central y las autonomías se disputen el protagonismo. Es mucho dinero, que da para muchas actuaciones y para quedar bien en muchos lugares. Pero si la cogobernanza no funcionó en el tratamiento sanitario de la pandemia, las esperanzas de que funcione aquí son escasas. El esquema competencial del que nos hemos dotado impide que sea el Gobierno quien centralice todas las ayudas, pero no puede ser que esto termine poniendo un electrolizador en cada municipio de más de 100.000 habitantes.

Hay un criterio muy simple que me parece el más sencillo y el más operativo. Consiste en juzgar los proyectos –al menos en lo que a la parte privada se refiere, y a una buena parte de la pública en cuanto se requiera la conjunción de varias administraciones– en base a la inversión que traccionan. Dudo mucho y desconfío más de los criterios de los dirigentes políticos para definir los sectores, las empresas y los proyectos que se van a considerar prioritarios. Me fío más de las decisiones que adopten sus propios responsables. La pregunta es sencilla. «¿Cuánto dinero arriesga usted? Pues yo le ayudo con un porcentaje». A poder ser lo más homogéneo posible para todos los casos. Así, si sale bien, perfecto; y si sale mal, pierde más quien se ha equivocado.

De momento las cosas mejoran y hay que alegrarse por ello. Sin olvidar que aún nos queda tarea, como la de absorber a todas las personas –ERTE y autónomos con actividad reducida– cuyo futuro no está nada claro y a quienes hay que dar una solución. Por eso hay que ser cautos y centrarnos en lo importante.