Rentabilidad ficticia y a la carta

Posteriormente, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero hizo un nuevo intento de impulsar las energías renovables y al comprobar el escaso interés de las grandes eléctricas en la tecnología fotovoltaica se dirigió a la sociedad en general, ofreciendo a esta una serie de estímulos económicos que hizo que, sumada la motivación medioambiental a la posibilidad de obtener un adecuado beneficio, unas sesenta y dos mil familias, entre los que se encontraban agricultores, pymes y pequeños inversores particulares, se decidieran a participar en el ofrecimiento hecho por el Gobierno, convencidos de la seguridad que representaba estar su inversión respaldada por el Boletín Oficial del Estado -más allá, lógicamente, del riesgo que siempre representa una instalación industrial- confianza que luego vieron defraudada, primero, parcialmente, por el propio Gobierno que les indujo a la inversión y luego, totalmente, por el Partido Popular, a pesar de que él mismo, estando en la oposición, les había prometido que cuando llegara al Gobierno repondría las condiciones iniciales con las que aquellos hicieron su inversión.

Y es que, después de una intensa campaña de desprestigio de este tipo de energías y aprovechando la crisis económica que tan duramente castigó a nuestro país a partir de 2008, el Partido Popular de Mariano Rajoy, a través de la mano ejecutora del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, cambió en 2013 totalmente el modelo diseñado por el Gobierno socialista y sustituyó el pago por kw/h generado por lo que llamaron una rentabilidad razonable de la inversión realizada. Este sistema fue tanto más injusto por cuanto después de fijada la rentabilidad que debían obtener las plantas fotovoltaicas asignaron a cada una de ellas el valor que ellos mismos consideraron oportuno, el cual nada tenía que ver con el valor real pagado por las mismas.

Ello condujo a que muchos pequeños productores tuvieran que seguir aportando importantes cantidades de dinero para conservar sus plantas y a que otras muchas familias, para salvar la casa con la que las habían avalado, tuvieran que cederlas a los bancos con los que tenían sus créditos o a los fondos buitre que desde entonces andan al acecho para llevarse, a precios de saldo, aquellas a cuya financiación no pueden hacer frente sus propietarios,

Por cierto, ¿tan difícil hubiera sido para los señores jueces que intervinieron en estos temas comprobar tales extremos en vez de admitir sin más los valores dados por el propio Ministerio de Energía? Para ello sólo tenían que haber comprobado el IVA pagado por cada instalación, lo que no es muy difícil, ni laborioso, pues con pedir tal dato a Hacienda hubieran resuelto la cuestión.

Por todo ello habría que decir que más que rentabilidad razonable lo que se sacaron de la manga fue una rentabilidad ficticia y a la carta. Ficticia porque dicha rentabilidad, como maliciosamente se quiso hacer creer a la opinión pública, no puede compararse con la obtenida con un depósito bancario, cuyo valor íntegro, junto a los intereses generados, es recuperado al finalizar el mismo, mientras que estos activos se van degradando con el tiempo hasta quedar su valor a cero al final de su vida útil. Y a la carta, pero a la carta del Ministerio, pues a cada instalación la dieron el valor que quisieron, lo que supuso un duro castigo para algunos pequeños productores a los que se valoró su instalación con un precio totalmente alejado de su costo real.

¿Es lógico que sea este el pago dado a las 62.000 familias españolas que contribuyeron con su esfuerzo personal y económico a legar a la sociedad española la llave tecnológica que ahora nos permite el acceso a una energía limpia, barata, autóctona e inagotable?

La respuesta parece clara, por lo que justo sería que ahora se adoptasen las medidas correctoras que permitan a los afectados obtener de su inversión, ya que no fue lo inicialmente ofrecido, al menos la rentabilidad razonable real que la ley preveía cuando esta se aprobó, acabando así con la arbitrariedad de la que fueron objeto por quienes, para más escarnio, trataron de presentarles ante la opinión pública como los causantes del elevado precio que el consumidor pagaba por la electricidad.