¿Para cuándo la reparación prometida?

Dicho lo anterior cabe preguntarse: ¿Por qué tales selectas empresas no alzaron su voz cuando tal principio fue, primero, vulnerado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010 y, posteriormente, directamente masacrado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013? ¿Quizás fue debido a que entonces no afectaba a las grandes empresas eléctricas sino solo a sesenta y dos mil familias que, habiendo osado penetrar en el sacrosanto recinto de la generación eléctrica -hasta ese momento reservado al selecto club de grandes empresas eléctricas, en cuyos consejos de administración tan ilustres expresidentes, exministros y ex altos cargos han encontrado asiento-, era lógico recibieran el justo castigo a tal atrevimiento?

Los elevados precios de la electricidad que en las últimas semanas estamos sufriendo han hecho que algunos expertos hayan puesto de manifiesto, una vez más, los beneficios que las empresas eléctricas perciben por la electricidad producida en las centrales hidroeléctricas y nucleares, cuestión ya denunciada hace tiempo por la propia Comisión Europea. La simple insinuación de que los mismos pudieran ser revisados ha supuesto que las empresas propietarias pusieran el grito en el cielo, reclamando seguridad jurídica para sus inversiones. Sí, las mismas empresas que nada dijeron cuando el desaguisado perpetrado contra los pequeños productores anteriormente denunciado los puso al borde de la ruina.

Otra cuestión, no menos importante, es que quienes hace trece años, cuando el Gobierno tuvo que dirigirse a los españoles de a pie -pequeños ahorradores, agricultores y quienes creían que las energías renovables eran imprescindibles para mejorar un medio ambiente en franco deterioro- porque ellos, las grandes eléctricas, no respondieron a la petición de inversión para la puesta en marcha de la nueva tecnología fotovoltaica -aún en su fase inicial necesitada de ayudas para su desarrollo- ahora que, gracias a aquellos pioneros, se ha conseguido un avance muy notable de esta tecnología y una reducción de precios espectacular de sus placas, reclaman para sí la exclusividad en la generación de electricidad por este medio, construyendo para ello gigantescas plantas que ocuparán enormes extensiones de terreno que pretenden impedir la construcción de pequeños parques, a pesar de las ventajas que ofrecen al poder situarlos en la cercanía de los propios centros de consumo, facilitando con ello trabajo y posibilidades de desarrollo en la España rural, tan necesitada como está de incentivos que faciliten la vida en sus pueblos para la pervivencia de estos.

Aquellas injustas y arbitrarias medidas retroactivas -avaladas, para vergüenza nuestra, por el Tribunal Supremo con el voto de cuatro de sus miembros y la opinión contraria de los otros tres- han quedado ahora totalmente en evidencia con las sentencias que los tribunales internacionales de arbitraje vienen sistemáticamente dictando en contra de nuestro país y a favor de las empresas y fondos de inversión extranjeros que a ellos han recurrido, y a los que los españoles no podemos acceder. Innecesario debiera de ser recordar, una vez más, lo que hace ya mucho tiempo dijo el Defensor del Pueblo español, cuando le pidieron amparo los pequeños productores fotovoltaicos, al afirmar que sería impensable que no se aplicase a los nacionales las mismas medidas reparadoras reconocidas a los extranjeros.

Desgraciadamente tal cosa, hasta ahora, no se ha producido, y eso a pesar de que en los últimos tiempos parece que hay unanimidad, tanto en los partidos que apoyan al Gobierno como en los de la oposición, en la necesidad de resarcir a los pequeños productores españoles por las perjudiciales medidas adoptadas contra los mismos en el pasado. Por ello cabe preguntarse, ¿a qué esperan para negociar las medidas de reparación precisas con sus representantes?

Y digo con los representantes de los pequeños productores, los verdaderamente afectados, y no con las grandes empresas que nada tienen que ver con ellos.