Reparemos los estropicios

El impuesto del 7%, como seguramente recuerden muchos lectores, ya fue suprimido temporalmente hace tres años por este mismo Gobierno, al poco de tomar posesión. El mismo, pese a llevar el apellido de 'ambiental', afecta por igual a toda la energía eléctrica, fuere cual fuere el sistema de generación empleado y, por tanto, igual lo es para la electricidad producida en una central altamente contaminante que la obtenida en una planta renovable. Por ello, su eliminación supuso, como ocurre nuevamente ahora, una sorpresa desilusionante al comprobar que no se aprovechaba la oportunidad para premiar, con su total eliminación, a la producción de electricidad limpia y castigar, con su recargo, a la generada con combustibles fósiles altamente contaminantes. De la misma manera, se comprobó que aquella eliminación temporal del impuesto permitió a las grandes compañías arrimar parte de ese ahorro a su cuenta de resultados, mientras los pequeños productores de electricidad tuvieron que soportar ellos el peso del mismo.

Desgraciadamente, aquella desilusionante sorpresa es probable que se repita ahora, pues habida cuenta del control extremo de determinadas compañías sobre el precio final de la electricidad, muy probablemente veremos nuevamente como para los consumidores el espejismo tendrá escasa duración y limitado impacto. Por su parte, los pequeños productores fotovoltaicos, tampoco van a ver reducidas una de las múltiples cargas que se les impuso con los recortes draconianos a sus retribuciones, pues durante el siguiente periodo de liquidación les detraerán de su retribución el importe que ahora dejen de abonar por el impuesto suspendido, tal y como sucedió anteriormente cuando vieron como entrado el 2020 se les recalculaba para los seis meses citados el pago que correspondía a cada planta fotovoltaica en función de la rentabilidad teórica aprobada para las mismas -y digo teórica porque el cálculo se hizo en función del valor que, en su día, los señores del ministerio asignaron a cada una de ellas y no lo que las mismas habían costado a sus propietarios, valor conocido por ellos simplemente preguntando a Hacienda, dado que esta, con anterioridad, ya había cobrado el IVA correspondiente a su adquisición-, dándose así el absurdo de que los que dejaron de pagar por aquellos dos trimestres en los que se eliminó el impuesto del 7% lo tuvieron que pagar poco después, con lo que «lo comido por lo servido».

Desde luego sería una oportunidad perdida el que no se consolide ahora, de forma definitiva, un IVA reducido para la electricidad, por ser claramente un bien de primera necesidad y que, por ello, no debe ser tratado igual que cualquier artículo de lujo y, por otro lado, que no se revise de forma definitiva el Impuesto por el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica de forma que suponga un ahorro real para los consumidores y una pequeña compensación para los pequeños productores fotovoltaicos. Productores que esperan, confiados, que el Gobierno siga dando nuevos pasos que permitan corregir los injustos recortes realizados a aquellos, restableciendo así de forma mínima la seguridad jurídica violada y con ello la confianza a posibles inversores, tanto nacionales como extranjeros, dando así continuidad al pequeño respiro que ha supuesto para los afectados mantener la rentabilidad de sus plantas estables durante los próximos doce años. Esa medida, primera en su favor en mucho tiempo, esperan agradecidos, sea seguida de otras más que corrijan, al menos en parte, las grandes pérdidas económicas sufridas durante estos últimos años y limiten el agravio habido entre quienes por ser extranjeros han podido recurrir a tribunales internacionales de arbitraje, que les han reconocido sus derechos y quienes, por ser españoles, tienen vedado acudir a los mismos.

Confiemos, por ello, que se aprenda de errores del pasado y se reparen, de alguna manera, los estropicios cometidos, empezando porque los pequeños productores fotovoltaicos no vean afectada la supuesta rentabilidad razonable durante los tiempos de suspensión del impuesto y no se vean posteriormente obligados a devolverlo.