Representantes ordinarios del Estado

Todos recordamos también como con motivo de la visita que hace unos meses hizo el presidente del Gobierno, Sr. Sánchez, a Cataluña, para asistir a la mal llamada 'mesa de diálogo', por unos, y 'mesa de negociación', por los otros, cuando el presidente de la Generalidad fue a hablar ante los periodistas allí congregados un empleado retiró la bandera española, que junto a la catalana presidía el acto, al objeto de que aquel sólo tuviera tras sí a la enseña catalana, a pesar de que antes que él había intervenido el presidente del Gobierno de España con ambas banderas,

Normal es también que en las frecuentes visitas del Rey, y por tal Jefe del Estado, a Cataluña, para presidir cualquier importante evento, el presidente catalán no asista a los mismos -lo cual es, ya de por sí, una descortesía y una total falta de educación- pero es mucho menos justificable, dada su condición de representante ordinario del Estado.

Y es que no debemos olvidar, aunque el interesado si parece hacerlo con frecuencia, que los presidentes autonómicos son, en calidad de tales, representantes ordinarios del Estado y, por ello, la máxima autoridad del Estado en su comunidad. Despreciar esta condición es despreciar lo que representa y, por ello, sería lógico y razonable retirarle tal encomienda, pues su mantenimiento solo sirve para que una y otra vez pisotee al Estado, y a que tales actitudes vayan calando en la ciudadanía, y muy fundamentalmente en los más jóvenes, con lo que la idea de una Cataluña independiente irá afianzándose cada vez más hasta que llegue un día en que la mayor parte de la población no sólo lo asuma como algo natural y lógico sino que le parecerá una auténtica aberración oír que ellos únicamente son una parte y no un todo en pie de igualdad a España.

Corregir esta deriva, ahora que aún estamos a tiempo, es fundamental, lo que exige, por parte del Gobierno -quizás fuese más lógico pensar que por parte de los dos principales partidos nacionales, mediante la correspondiente modificación, si procede, de la Constitución- adoptar las medidas correctoras que actitudes como las denunciadas aconsejan, para que en aquellas comunidades en las que sus presidentes no ejerzan la representación del Estado con la dignidad que tal cargo exige les fuese retirada la misma -mediante el correspondiente acuerdo del Senado a propuesta del Gobierno- y que la misma, con las preeminencias protocolarías que tal representación otorga, fuese encomendada al delegado del Gobierno de España en dicha Comunidad.

Y es que los nombres y el protocolo tiene mucha más importancia de la que a menudo les damos, pues su uso va configurando en la mentalidad de los ciudadanos la idea de la existencia, o no, de determinados órganos de la administración, de la presencia, o no, de quienes los representan y hasta la necesidad o prescimbilidad de unos u otros. Así, mientras en las comunidades autónomas sus altos cargos, desde los secretarios a los directores o subdirectores, todos ellos son 'generales', la administración del Estado, fuera de su núcleo central en Madrid, mantiene una nomenclatura y niveles mucho más comedidos. Fácil es ver, a los efectos anteriores, cómo en las comunidades pluriprovinciales la representación del gobierno autonómico en cada una de sus provincias ostenta el título de 'delegación del Gobierno' mientras la representación del Gobierno de España es una simple 'subdelegación del Gobierno', lo que en castellano no precisa de más explicaciones. Ello conduce inexorablemente a la invisibilidad del Gobierno central, cuestión que se agudiza en aquellas comunidades en las que cuentan con policía propia, mucho más, si como pretenden, logran expulsar de sus territorios a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Revertir por ello esta situación es mucho más importante de lo que aparentemente puede parecer, pues el hecho de que algunos usen el protocolo para, destacando lo propio, invisibilizar al Estado al que representan -y del que, no olvidemos, deriva su propio cargo- puede dar lugar a que el ciudadano vea que solo existe una organización política y administrativa en su territorio y que por ello el Estado, eso que algunos llaman despectivamente Madrid, es perfectamente prescindible.