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Suele ser habitual que los medios de comunicación presenten proyectos de inversión de las administraciones. Algunos con vencimientos dudosos, o sin fondos asignados. Los gestores de lo público nos anuncian el plan estratégico, los grandes proyectos, los acuerdos, la colocación de la primera piedra, la ... cartelería, el inicio de las obras y, las menos ocasiones, la finalización de las obras. Algunas veces también aprovechan la ocasión para salir en la foto del cumpleaños de la abuela más longeva del Asilo de San Cándido. Todo esto, que parece jocoso, ha pasado a ser habitual. Cualquier día inauguramos una inauguración.
Hasta ahora me he comido la lengua, pero es que ya tengo unos años de vida profesional y personal, y mi cuerpo me dice: basta ya. 'Mea culpa', porque creo que los empresarios deberíamos levantar la voz más veces y más alto.
Posiblemente, a algunos no les vaya a gustar lo que voy a contar. Soy consejero delegado en una microempresa familiar fundada en 1951 por mi abuelo. Una empresa en funcionamiento de la que dependen tres familias que siempre ha cumplido con todas las exigencias legales, tributarias y sociales. Nunca, hasta la crisis provocada por el covid 19, se ha solicitado ni recibido ninguna subvención pública.
Entrando en materia. Con fecha de 7 de agosto de 2020, presentamos la solicitud a uno de los programas de ayudas de la Consejería de Industria denominados CRECE1 y CRECE2, que subvencionan inversiones en modernización de bienes de equipo. Lo hacemos en el programa CRECE1, al ser considerados según la UE como microempresa por tener menos de 10 empleados y menos de 2.000.000 de euros de balance. Este programa subvencionaba proyectos de 3.000 a 50.000 euros. Una vez presentada la solicitud completa, se nos requiere después información adicional, que aportamos en tiempo y forma.
Nuestra inversión es una máquina modular de impresión digital con un gasto total de más de 58.000 euros en factura. Nos deniegan la subvención porque habíamos invertido más de lo estipulado. Hasta aquí no dejan de ser reglas del juego empresarial. Presentamos un recurso, con fecha 27 de noviembre de 2020, con nuestra argumentación jurídica, y sin entrar a valorar la aplicación de la lógica, que entiendo nos llevaría a pensar en aplicar el coeficiente de subvención por el máximo de 50.000 euros, y no subvencionar la parte excedida. La razón jurídica no estoy capacitado para decir quién la tiene.
Habrá quién resuelva, pero la Administración tiene la obligación de contestar en tres meses. De otro modo, con no responder jugaríamos a me quedo con la razón. Con fecha 13 de mayo de 2022, con quince meses de retraso, han denegado el recurso, y nos remiten a que vayamos al contencioso administrativo, con los gastos y tiempo que ello supondría. Aunque parezca mentira han tardado en contestar 18 meses, que tal como están las cosas nos podría haber pillado con la persiana echada.
Como empresario no tengo mal perder, unas veces se gana y otras se pierde; pero esto lo ha firmado el mismo consejero de Industria que hace unos días se hacía fotos en la presentación de cuatro carteles turísticos, donde estuvo acompañado por el director de Sican, ya que la gran innovación de un Código QR y la importante inversión de 3.388 euros parece que lo hacía necesario.
Basta ya. No entienden ustedes la función pública. Función pública es servicio a sus ciudadanos, a los administrados, a los contribuyentes. Y sobre todo algo que parece ya no está de moda, respeto. Función pública es respeto. Mi hermana dejó la empresa para buscarse las habichuelas en Irlanda, contribuyendo así a que estemos abiertos, nuestros empleados sigan trabajando y sigamos 73 años después de la idea del abuelo Ramón pagando impuestos como no podría ser de otra forma. Respeto.
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