¿Solo ayudas directas a las empresas?

Unas medidas sanitarias que consistían, fundamentalmente, en una reducción drástica de la movilidad, han tenido un efecto significativo en los sectores más expuestos a la misma, el sector servicios y, en especial, todo lo relacionado con la actividad turística, hostelería y comercio. Para paliar los efectos sobre la economía, el gobierno acordó un conjunto de medidas entre la que me gustaría destacar las siguientes:

Los ERTE, que en el mes de abril recogieron a más de 3,5 millones de trabajadores y que en la actualidad todavía acogen a más de 750.000. Esta medida ha provocado que, por primera vez, la caída del empleo sea muy inferior a la caída de la actividad económica.

Los créditos ICO, que han aportado liquidez a las empresas en dificultades. En Cantabria se han firmado más de 11.500 operaciones, el 98% de ellas con pymes y autónomos, por un importe avalado de 800 millones de euros, y han movilizado financiación por más de mil millones de euros.

Medidas destinadas específicamente al comercio y la hostelería: rebajas de hasta el 50% en el alquiler de los locales, aplazamiento de cotizaciones de los empleados a la Seguridad Social, moratorias de impuestos y una nueva partida de créditos ICO, entre otras, por valor de más de 4.000 millones de euros.

Por otro lado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos has desplegado ayudas directas a los sectores más afectados. En el caso de Cantabria hacia el comercio, la hostelería, la cultura, el deporte... Estas actuaciones realizadas por el sector público han mitigado el efecto de la pandemia sobre la economía y el empleo. Sin embargo, esto no significa que se hayan solventado los problemas de las empresas, especialmente pymes y autónomos vinculados a los sectores más castigados por la pandemia. Es más, los actuales problemas de liquidez se pueden convertir en problemas de solvencia a corto plazo. Es por ello que las empresas reclaman ayudas directas más cuantiosas en la línea de lo que han hecho algunos países europeos.

España y las comunidades autónomas no están en condiciones de llegar a esas cuantías. Nuestros niveles de deuda y déficit no lo permiten. Eso no quiere decir que no existan alternativas, que en este caso, van más allá de la coyuntura provocada por la pandemia y se pueden convertir en medidas estructurales de apoyo al tejido productivo basado fundamentalmente en pymes y autónomos.

En el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) pueden plantearse proyectos para ayudar a la solvencia y a la reestructuración de la deuda de las empresas regionales. Es lo que están haciendo otras regiones. A continuación expongo algunos ejemplos.

En la Comunidad Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), destacan dos proyectos. El primero es un Fondo de Reestructuración de Deuda denominado 'Impulsa', que se prevé que tenga una dotación en torno a los 60 millones, de los cuáles 25 millones serán de origen público y 35 privado. El objetivo es que actúe como un actor más para que empresas de tamaño medio puedan acceder a través de préstamos participativos, que se devolverán en el largo plazo. Las empresas ayudadas tendrán que haber sido solventes en 2019 y consideradas viables siempre que se rebaje la carga financiera. Otra línea está dirigida a aquellas firmas que no puedan acceder a la primera iniciativa por tener una situación aún más delicada y se agruparán bajo el paraguas del Fondo Valenciano de Resiliencia. Esta iniciativa tan solo contará con participación pública ya que conlleva un mayor riesgo para el prestamista que el anterior.

Navarra, a través la empresa pública de Sodena, ha invertido en fondos de capital riesgo para financiar empresas emergentes tecnológicas. Obteniendo, en algunas de ellos, plusvalías con una rentabilidad del 18,7%.

En Asturias, la empresa pública SRP ha definido tres nuevas líneas de financiación para apoyar a las empresas afectadas por el covid, para atraer industrias innovadoras y crear empresas emergentes. En este caso, mediante un fondo específico de financiación. En el País Vasco, el Grupo Mondragón se ha aliado con cuatro bancos, entre ellos el Santander, para crear un fondo de capital riesgo para invertir en empresas en crecimiento.

En definitiva, ante las limitaciones del presupuesto, los gobiernos deben dotarse de instrumentos de gestión para sostener e impulsar el tejido productivo. El presupuesto no lo puede todo y tener mecanismos de financiación como los descritos es imprescindible. Cantabria está muy retrasada en este camino. El ICAF, como banco de desarrollo público, debe de jugar un papel trascendental. Solo falta la voluntad política para hacerlo, porque el instrumento existe, las referencias sobre lo que se debe hacer también y la enorme liquidez que existe en el mercado garantiza el volumen de fondos necesarios sin necesidad de apelar al presupuesto.