Tabacalera: sede de la Autoridad Portuaria

Sin embargo, desde mediados del siglo pasado la ciudad inició un claro posicionamiento tendente a configurarse como una urbe de servicios, al tiempo que el puerto requería una adaptación de sus infraestructuras hacia un comercio internacional y especializado, lo que se resuelve con una mayor ocupación del interior del estuario por parte del recinto portuario. Este escenario propició que los muelles más urbanos, que iban cayendo en desuso, fueran acogiendo usos y actividades más urbanas, posibilitando la reconfiguración de un frente marítimo excepcional.

El puerto, dependiente del ente público Puertos del Estado, es administrado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ostentando las potestades de planificación que atribuye la Ley de Puertos, que se encaminan al necesario aumento de la competitividad, mejora de sus instalaciones y ampliación del catálogo de servicios, lo que genera un constante desarrollo de nuevas infraestructuras y la adaptación de las obsoletas. Por su parte, la ciudad de Santander está en una constante evolución y es su Ayuntamiento quien ostenta las competencias de ordenación de su territorio, que desarrolla a través de la planificación urbanística. Y pese a que aunar intereses comunes parece sencillo, para así remar todos en la misma dirección, la relación entre los espacios portuarios y urbanos es de una naturaleza muy compleja.

Superados los problemas competenciales que se dieron en los años ochenta y aprobado en 2001 el Plan Especial de Ordenación de los Espacios Portuarios del Puerto de Santander, se inició la remodelación de las zonas del puerto histórico, que paulatinamente se fueron integrando en la vida ciudadana. Surgen así zonas de ocio, paseo y actividades náutico-pesqueras en espacios hasta entonces ocupados por tinglados, astilleros, vías de ferrocarril y atraques. La reconversión del Palacete del Embarcadero o de la Estación Marítima son claros exponentes de las posibilidades que se abren para la ciudad al contemplarse la ampliación del puerto hacia Raos. Y las mejoras ambientales para la ciudad son igualmente innegables, al suprimirse los efectos adversos de la circulación de vehículos pesados por el centro, gracias principalmente al puente móvil de Raos, o la emisión de partículas con la creación de terminales especializadas, como es la de carbón. A estas iniciativas se le suman otras de enorme impacto en el medio, como fue el Saneamiento Integral de la Bahía, que puso fin a los vertidos y ha conseguido mejorar la calidad del ecosistema marino y turístico de la ciudad.

La primera intervención que tiene lugar a lo largo de los cinco kilómetros del frente marítimo fue posible gracias a la implementación de un proceso de acuerdos consecutivos entre las administraciones central, regional y local, que se inició con la firma de un Protocolo General de Intenciones, en abril de 2010, entre la Autoridad Portuaria de Santander, el Ayuntamiento, Puertos del Estado y el Gobierno de Cantabria. Dicho protocolo establecía las condiciones para llevar a cabo las obras y actuaciones necesarias para la integración del puerto en la Ciudad de Santander, amparadas en criterios indispensables de sostenibilidad ambiental, económica y social. Tras crearse un grupo de trabajo, se logra la firma del Convenio Frente Marítimo-Portuario de Santander, al que ya se incorpora el Ministerio, y que establece las obligaciones de las partes, el contenido de las actuaciones de reordenación y define la estructura de inversiones en un concreto calendario, siendo todo ello gestionado por un Consorcio Urbanístico, al que se dota de las facultades necesarias para ejecutar o promover las actuaciones urbanísticas, las infraestructuras y los equipamientos que forman parte del proyecto. La operación se define entonces como «cerrada en sí misma», dado que plantea un proyecto financieramente autosuficiente, que reinvierte los recursos generados en el éxito completo de la operación.

Hoy el municipio de Santander está inmerso en pleno proceso de definición de su futuro urbanístico, habiendo superado un primer proceso de participación pública y desarrollando la tarea de la definición de su «modelo de ciudad». Por su parte, la Autoridad Portuaria de Santander está en pleno proceso de modificar los planes especiales que regulan los usos del puerto, adecuando el Plan Maestro del Frente Marítimo, la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios y el Plan Especial de Ordenación del Sistema General Portuario de Santander. Y es en este proceso donde se debe determinar el espacio que debe ocupar la sede de la Autoridad Portuaria que carece de un lugar que le otorgue la singularidad que merece, como tienen la mayoría de estas entidades en España. Desde hace años se vienen buscando soluciones para su emplazamiento y no necesariamente debe estar dentro de la valla del puerto. En su entorno se sitúa el edificio de Tabacalera, perteneciente a Patrimonio del Estado - Ministerio de Hacienda- y actualmente sin uso completo, que bien se podría recuperar para dar solución a la anterior carencia, y para lo cual nuevamente será necesario el consenso y entendimiento de las administraciones. El edificio de Tabacalera, proyectado en 1959 por el arquitecto cántabro Juan José Resines del Castillo, se emplaza en el borde del ámbito portuario y dispone de una torre de seis pisos en la esquina de la parcela, rematada en su coronación por una losa de hormigón en forma de V, que configura uno de los volúmenes más representativos de los que conforman el Frente Marítimo, visible desde muchos puntos de la ciudad. Parte de este edificio ya aloja un Centro Cívico y las posibilidades del resto del inmueble determinan una opción idónea para albergar la referida sede, al haberse retirado los tinglados de la calle Antonio López y urbanizado su entorno en consonancia con el resto del espacio.

Desde la demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos del que tengo el honor de ser el decano, siempre hemos reclamado la necesidad de planificar y consensuar iniciativas y la experiencia del Frente Marítimo de Santander ha demostrado que esto es posible y que con ello se consigue aunar intereses compartidos de las instituciones que ostentan las competencias en el uso del territorio, propiciando un mayor beneficio para los ciudadanos. Esperemos que en las decisiones que están por adoptar entre estos organismos se dé continuidad a la exitosa experiencia y pronto podamos ver en uso uno de los iconos arquitectónicos de la ciudad.