Temporalidad en el empleo

Como no hay mal que por bien no venga, o eso dice el refrán, tenemos que reconocer que, a través de un amplio uso de la figura de los ERTE, la pandemia ha logrado mejorar algo el funcionamiento de nuestro mercado laboral. Aunque algo es algo, hay que reconocer que, por desgracia, todavía queda mucho por hacer.

Uno de los aspectos en los que es preciso mejorar, y hacerlo de forma significativa, es el de la temporalidad en el empleo. Según estadísticas de Eurostat, España es, desde hace ya varios años, el país europeo que tiene una tasa de temporalidad más elevada. El pasado año, la tasa era del 24,2%, lo que significa que casi un cuarto de los trabajadores por cuenta ajena de nuestro país tenía (sería mejor decir, padecía) un contrato temporal. Pese a que no tenemos datos comparables para 2021, todo apunta a que la situación se ha mantenido o incluso ha empeorado; ahora que llega la campaña navideña la temporalidad se disparará aún más, haciendo, casi, casi, que seamos los campeones mundiales (al menos del mundo desarrollado) de la temporalidad.

Por desgracia, la temporalidad se produce en todas las comunidades autónomas, en todas las ramas productivas, aunque preferentemente en las de servicios, y tanto en el sector público como en el privado. Por comunidades, y de acuerdo con un trabajo del Instituto de Estudios Económicos, que explota la EPA del tercer trimestre de 2021, Extremadura, con una tasa del 35,2%, es donde la temporalidad es más grave, seguida de cerca por Andalucía; en el extremo opuesto se encuentran las comunidades madrileña y catalana, con tasas que rondan el 20%. Cantabria, con un 27%, se encuentra ligeramente por encima de la media nacional, situada en el 26%. Siendo cierto que esta amplia dispersión geográfica de la temporalidad es un elemento preocupante, lo curioso es que, al igual que sucede con las disparidades de renta, es de sobra conocido y nada o poco se ha hecho por mitigarla.

En todo caso, sobre lo que queremos incidir aquí, porque seguramente es un hecho desconocido para la inmensa mayoría, es que, como norma, la temporalidad es más acusada en el sector público que en el privado: en concreto, en el trimestre arriba mencionado, la tasa de temporalidad del sector público (31,6%) fue más de siete puntos mayor que la del sector privado (24,5%). Este fenómeno, verdaderamente llamativo - porque quien debería dar ejemplo no sólo no lo hace, sino que da un contraejemplo, un ejemplo negativo-, se repite en casi todas las comunidades autónomas, ya que las únicas excepciones se corresponden con Murcia y, en menor medida, Andalucía. Canarias y País Vasco son las regiones que cuentan con una mayor temporalidad en el sector público (en ambos casos por encima del 42%), mientras que Madrid y Cataluña son las comunidades en las que la eventualidad en el citado sector es más reducida (24,1% en el primer caso y 27,4% en el segundo). Cantabria no sólo no escapa a la regla general de que la temporalidad es mayor en el sector público que en el privado, sino que, además, es la sexta comunidad con la tasa más elevada en el sector público (36,8%).

Aunque la existencia de contratos temporales es absolutamente necesaria en muchas actividades productivas y en determinados momentos, no cabe ninguna duda de que, en España, se hace un uso excesivo de los mismos que, al menos a largo plazo, juega en contra de la eficiencia empresarial. Si, además, tenemos en cuenta las circunstancias mencionadas (enorme dispersión geográfica y un mayor peso de la temporalidad en el sector público que en el privado), es más que evidente que hay intentar solventar el problema con urgencia. Sólo así nuestro mercado laboral se volverá más flexible, más eficiente y más competitivo. Veremos cómo aborda tooo esto la reforma laboral en marcha.