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La primera ministra británica, Liz Truss, corrigió ayer una de las medidas que prometió para granjearse el favor de las bases conservadoras en la pugna ... para sustituir a Boris Johnson: rebajar el tipo de gravamen a las rentas más altas del 45% al 40%. Una propuesta con la que venció a su oponente en las primarias 'tories', Rishi Sunak, y que sin hacerse efectiva ha supuesto, en los diez días transcurridos desde su anuncio, el desplome de la libra y de la Bolsa de Londres, y obligado al Banco de Inglaterra a acudir al rescate de la divisa. Todo ello, en medio de una descomunal tormenta económica ante la perspectiva de que Reino Unido colapsara por un plan ultraliberal que elevaría su deuda pública en casi 200.000 millones de euros.
La imagen del ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, celebrando en una fiesta de sus directos beneficiarios una reforma tan manifiestamente errónea, rechazada por temeraria por los mercados y censurada sin ambages por organismos como el FMI, contribuyó a que se cuestionase la continuidad de la recién elegida 'premier' en las filas de su propio partido. Su quiebro de última hora no borra la inquietante imagen de falta de solvencia de Truss en su estreno en Downing Street, que ha encendido las alarmas entre los conservadores, a los que los laboristas arrollan en las encuestas con una ventaja de 33 puntos.
La utilización de promesas fiscales para superar procesos electorales e incluso primarias internas representa el abuso más deplorable del cortoplacismo cuando, como es el caso, no se sostiene en un estudio riguroso que prevea efectos adversos, ni en un compromiso político y personal de hacer valer la apuesta más allá del reto inmediato. La peripecia de Truss augura inestabilidad en el Reino Unido hasta que vuelvan a pronunciarse las urnas. Pero también ofrece lecciones que no deberían desoírse en nuestro país. Lecciones que pueden soslayarse mediante eslóganes en la diatriba partidaria, pero que llevan a los ciudadanos a desconfiar de los diversos cuadros tributarios que se les venden. La crisis energética y la inflación desatadas por la guerra de Putin han situado en primerísimo plano la discusión sobre los impuestos, pero a la vez permiten eludir a las instituciones una reforma tributaria de alcance. Por eso resulta contradictorio que cada partido o comunidad autónoma esgrima su particular fórmula con la convicción de contar con la verdad revelada. Una vez abierta la subasta tributaria, ningún anuncio o promesa aportará un voto más.
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