Vagos y caraduras

El Instituto Nacional de Estadística revela que el 16,7% de la población tiene dificultad para llegar a fin de mes, cifra que, recurrentemente, se recrudece entre las mujeres, donde el porcentaje asciende al 16,9%. Alston asegura que la situación de muchas familias en barriadas, así como en campos que albergan a recolectores de cosecha temporeros, es aún inferior a la de los campos de refugiados y que el problema de acceso a la vivienda afecta a una de cada cuatro personas.

Señala asimismo que los precios del alquiler han subido un 50% en el periodo de 2013 a 2019, en un periodo en el cual la pérdida de poder adquisitivo se sitúa cercana al 7,8% en los últimos diez años. Con todos estos datos y muchos más que recientemente nos ha lanzado la ONG 'Save the children' aparece ante nosotros una España donde casi uno de cada cinco niños no puede comer carne, pollo o pescado regularmente. Las familias más afectadas, de nuevo, son las monomarentales. Dicho todo esto, huelga decir que la necesidad de acceso a las «ayudas» está demostrada. Pero, el engranaje burocrático de nuestra sociedad hace que dicho acceso a las prestaciones sociales se convierta en una ingente tarea que precisa de múltiples gestiones, que olvidan el problema de base: se exige más al que menos tiene.

Falsos rumores aseveran que las ayudas a los inmigrantes copan los recursos y vetan el acceso a los mismos a familias españolas 'de verdad', prestaciones que generan «vagos subsidiados y pobreza profesional»; cuando las cifras son claras: del 100% de las personas usuarias de los servicios sociales en España el 84% es población española y solo el resto población extranjera. Falsa empatía recubierta de una actitud de juicio constante frente a quienes más necesitan un acompañamiento real y no una condescendiente caridad. Es triste tener que recordar que las ayudas sociales se destinan a apoyar a personas en riesgo de exclusión social, sin importar la nacionalidad de las mismas y que el acceso a los Servicios Sociales, a la Sanidad y a la Educación, se reconocen (afortunadamente) en las leyes estatales y autonómicas como derechos universales de todo ser humano.