La contaminación de la isla de Monti «no es compatible» con actividad en su interior

Ese trozo de terreno rodeado por el Saja-Besaya era la solución propuesta por el actual equipo del Ministerio. Así lo defendió, por ejemplo, el secretario de Estado de Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados. Defendía que era lo mejor «desde el punto de vista ambiental» según el resultado de una adenda al estudio de impacto previo, que también afirmaba que era la que contaba con «mayor consenso social». Pasó el tiempo, y en vez de iniciar la construcción de la nueva depuradora y en vista de la presión de los vecinos de Polanco, se redactó un estudio complementario. Este estudio que habla de la contaminación del suelo de la isla es el que sirvió para descartar este emplazamiento definitivamente. Definitivamente, en teoría, porque todas las decisiones que tienen que ver con Vuelta Ostrera pueden ser revisadas.

El estudio dice que, efectivamente, la actividad industrial de la empresa química, que depositó allí sus residuos durante años cuando la normativa medioambiental no era tan exigente, ha provocado una importante contaminación del espacio natural. Han sido suficientes 11 catas, 16 muestras de suelo y tres de las aguas freáticas para demostrarlo. Tras el paso por el laboratorio, se aprecia que se triplican los máximos permitidos de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) y de mercurio. En el caso del zinc, la normativa establece un tope permitido de 800 microgramos por litro de líquido y allí es de 2.700; y con el bario pasa algo similar: hay 1.200 microgramos frente a los 625 de referencia. «Una vez observados todos los aspectos del emplazamiento, los antecedentes y los resultados analíticos de suelo y agua asociados, se puede considerar este emplazamiento como no conforme al encontrarse en el suelo resultados que superan los niveles de referencia», apunta.

Todos los datos anteriores se traducen en un análisis del riesgo para las personas. En realidad son tres análisis elaborados por la empresa especialista Kepler, con sede en Burgos. Las concentraciones de compuestos tóxicos y cancerígenos existentes en el emplazamiento conllevan un «riesgo asumible» para la salud humana de las personas de las zonas cercanas (los que vivan en los alrededores), pero sería un «riesgo inadmisible» para los trabajadores de la depuradora si Vuelta Ostrera se levantara allí. Eso hace que la actividad en su interior «no sea compatible». En cualquier caso, el mayor peligro se produciría en la fase de construcción. Ahí, existiría una exposición directa al suelo por las vías de contacto dérmico, ingesta accidental e inhalación, que supone un «riesgo inasumible en la componente cancerígena» por la exposición a arsénico, benzo(a)pireno y benzo(b)fluoranteno. La descontaminación de los suelos para después construir se traduciría en un sobrecoste de 25 millones de euros sobre el presupuesto base de la depuradora.

Un estudio sobre contaminación que, quienes sí estaban conformes con llevar la nueva depuradora a Monti y rechazan ahora que se haga en Cortiguera, sospechan que se ha hecho 'ad hoc'. Es decir, creen que el Ministerio ya sabía de sobra que en la isla había suelos contaminados cuando optó por ese emplazamiento y que sólo pidieron analizarlo para tener un motivo técnico con el que justificar que habían reculado.

Las conclusiones de la adenda no entran en qué hacer en caso de que Vuelta Ostrera vaya finalmente a Cortiguera. Es decir, si el Gobierno de Cantabria, otra administración o la propia empresa Solvay deben proceder a la descontaminación de los terrenos, una vez que se ha demostrado lo que informalmente se sabía, que presentaba niveles muy altos de contaminación. Tampoco habla -porque esa no era su finalidad- de si hay riesgo de que las balsas que alberga la isla cedan y parte del material contaminado se vierta a la ría o de las dimensiones del desastre medioambiental que este escenario provocaría.