«Fue desmedido, hemos sentido vergüenza sin necesidad»

La situación es semejante para muchos. Llegaron a su nueva vivienda firmando un contrato de alquiler con el propietario del inmueble. Así hasta 2018, «cuando por lo que parece es el Sareb el que se queda con un edificio que estaba embargado». Lo que hicieron es ir al Juzgado y presentar el contrato y los recibos de alquiler. La solución fue pagar esas cantidades a Hacienda, un pago que entendían era en concepto de alquiler, y no para hacer frente a la deuda. «Nos dijeron cómo hacerlo y tenemos todos los documentos que acreditan nuestra buena intención» explicaron. «Hemos hecho lo que nos dijeron que hiciéramos».

Algunos pusieron el caso en manos de un bufete pero la mayoría vivió así hasta hace unos días, cuando recibieron una llamada de una mujer que les pedía nombre y teléfono de parte, explicaron, de la inmobiliaria que se ha quedado ahora con ese edificio.

Nada más supieron hasta las 10 de la mañana del jueves, cuando una llamada al timbre trastocó sus vidas. «Sabemos que no todos estamos en la misma situación, que habrá cosas que legalizar o encauzar, pero nosotros nos sentimos tratados injustamente, como okupas, cuando pagamos legalmente cada mes».

«El trato ha sido exquisito, especialmente de los policías que conocemos, pero eso no quita para que nos hallamos sentido como terroristas, con tantos guardias, la calle cortada y todo lo demás», afirman estos vecinos.

Se habrían conformado con «un aviso con tiempo, como se hacen estas cosas, porque nos hubiéramos ido igual pero con margen para buscar una solución, no con diez días por delante sin que aún nos hayamos hecho a la idea». Incluso hay una vecina con una hija discapacitada, aseguran, que tendrá que buscar algún lugar apropiado para ellas. «No hacía falta llegar a este punto, esto nos supera, fue desmedido y hemos sentido vergüenza sin ninguna necesidad».

En Cáritas Parroquial de Los Corrales conocen a algunas de esas familias, a las que prestan su apoyo para superar una difícil situación económica. El presidente, Ramiro Pérez, estaba visiblemente enfadado por el trato «inhumano» que habían recibido, decía. «Algo va mal en este país si a personas que hacen un gran esfuerzo por pagar el alquiler se les trata así», aseguraba.