La Fiscalía investiga un presunto delito de atentado al patrimonio en Riocorvo

El alcalde ya ha respondido, asegurando que a día de hoy no se le ha notificado la apertura de esas diligencias, pero ha dicho que de ser así «habrá disposición absoluta y total confianza en la Justicia». Agustín Molleda afirmó ayer que «volvemos a la casilla de salida, los mismos protagonistas, mismos actores de hace unos años, pero lo cierto es que en Cartes nos conocemos todos y sabemos que se trata de aquellos que son incapaces de ganar en las urnas y pretenden hacerlo en los juzgados». «Lo que no terminan de saber es que es imposible vencer a alguien que jamás se rinde», aseguró.

El alcalde de Cartes también ha mostrado su «total confianza» en los informes técnicos, «tanto como mi absoluto apoyo a todos y cada uno de los técnicos municipales, total respaldo y total confianza en ellos». Y ha asegurado que los expedientes del caso «son impolutos en su total ejecución».

El denunciante centra su queja en que las obras de restauración realizadas no respetan «de ninguna manera» el grado de protección de ese conjunto histórico, «habiendo modificado y dañado de forma irreparable varios elementos protegidos».

Ricardo García señala que presentó la primera denuncia contra esas obras en el Ayuntamiento en julio de 2017, algo que le llevó a saber, dice, que las obras se estaban realizando sin licencia.

En marzo de 2018, tras varias denuncias verbales dirigidas al alcalde, solicitó la documentación pertinente a efectos de interponer acciones judiciales «por la nefasta agresión al patrimonio histórico que se estaba llevando a cabo en Riocorvo». Del Ayuntamiento solo se recibió, asegura, una parte de la documentación requerida. Finalmente, según la denuncia, se entregó la documentación completa un año más tarde por resolución del Consejo de Transparencia. Esa documentación pone de manifiesto, según Ricardo García, que las obras «son totalmente ilegales, así como la licencia que las ampara», lo que le lleva a pensar que «existen suficientes indicios de la existencia de un delito contra el patrimonio histórico».

En ese punto se incide en la denuncia en que el alcalde, en reunión de junta de gobierno de octubre de 2017, acordó la concesión de la licencia pertinente, apoyándose en un informe técnico favorable. Y asegura que esa licencia se puso en conocimiento de la Dirección General de Cultura cinco meses más tarde.

En la denuncia se apunta que el conjunto Casona de Alonso Caballero es uno de los edificios más relevantes de la localidad y junto a la Casa de los Haro, parte del Patrimonio Cultural de Cantabria, sometidos ambos al Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico de Riocorvo que data de 2007.