La Guardia Civil investiga si la instalación del alumbrado navideño ha dañado la Colegiata

Los operarios municipales de Santillana del Mar empezaron pronto ayer a trabajar, por delante tenían una mañana ajetreada para retirar los adornos y, también -con ayuda de la empresa contratada al efecto-, el polémico alumbrado navideño. No eran los únicos que estuvieron este lunes por la villa, a los turistas y a los curiosos se sumaron inspectores del departamento de Patrimonio de la Consejería de Cultura, que llegaron para supervisar la instalación denunciada en la Colegiata y los posibles daños derivados de taladrar la piedra arenisca para colgar una gran estrella, entre otros adornos. Pasadas ya las once de la mañana era el propio alcalde, el socialista Ángel Rodríguez, quien pasaba por allí acompañado de un técnico municipal y operarios de la empresa instaladora.

Media hora después de esto, en otro foro alejado de la villa medieval, en el Palacio de Festivales de la capital, el consejero de Cultura, el también socialista Pablo Zuloaga, rompía su largo silencio de una semana para admitir (a preguntas de los periodistas) lo que ya parecía muy evidente, que ni el Ayuntamiento ni los responsables de la Colegiata habían pedido permiso para anclar los adornos. «No consta», dijo de manera escueta. A la par, añadió que su departamento había abierto un «expediente» de cara a recabar la información técnica y adoptar una decisión sobre una posible infracción. También dijo que técnicos de la Consejería habían estado el día 5 de enero en Santillana para conocer lo que había pasado, así como ayer mientras se desmontaba el alumbrado en la villa.

Tras ello, Zuloaga aseguró que no era «una novedad» que «se decoren» fachadas de edificios declarados como Bienes de Interés Cultural (BIC) en Cantabria y opinó que estos hechos deben «hacer reflexionar sobre la responsabilidad y la sensibilidad a la hora de desarrollar iniciativas como esta, que buscan un objetivo pero que tienen que ser responsables y sostenibles con los propios bienes que se utilizan como reclamo». Una opinión que contrasta con lo admitido públicamente por el alcalde hace unos días, que incluso aprovechó la difusión pública de la polémica para invitar a más gente a ver el montaje de luces de Santillana.

Por último, Zuloaga quiso hacer pedagogía con los alcaldes de la región y anunció que la Consejería enviará «un oficio» a todos los ayuntamientos que tengan BIC y que sean objeto de decoraciones temporales o definitivas para que conozcan la normativa y para que soliciten los permisos pertinentes para evitar «circunstancias como ésta», zanjó.

Pero Cultura no ha sido la única institución que ayer se interesó por la Colegiata. La Guardia Civil también se personó en la villa para recabar información sobre lo sucedido allí. Una investigación que, según confirmó la propia Benemérita, trata de esclarecer si se han producido «daños» en estos edificios derivados de la instalación del alumbrado.

El pasado día 3 de enero, el exconcejal Javier González (actual coordinador local de Vox) presentaba un escrito-denuncia a Cultura para poner de relieve la situación y los posibles daños que podrían derivarse de la instalación del alumbrado en varios edificios protegidos del casco histórico como la Colegiata, las torres de Merino y Don Borja o la casa de Los Hombrones, entre otros. Alertaba el denunciante de la presencia de tacos, alcayatas y tornillería o grapas que soportaban las instalaciones de adornos y guirnaldas de luces que no eran acordes con la Ley de Patrimonio Cultural cántabra y solicitaba que se investigase el asunto.

Tras la denuncia y el silencio inicial de la Consejería de Cultura al respecto, otras voces pidieron que se hiciese cumplir la legalidad. Así, el Grupo Alceda recordaba al consejero que el artículo 53 de la citada ley ya contempla que en este tipo de edificaciones «queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de instalación aparente (entre otros, antenas, cables, conducciones y rótulos), que alteren los valores culturales del bien».

Asimismo, la Ley de Patrimonio Histórico español de 16/ 1985 dice que los Ayuntamientos «cooperarán con los organismos competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio», pero también que «las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente», tal y como hizo, en este caso el denunciante.