Solvay solicita dragar la salida del emisario tras la «obturación parcial» de la boca

Solvay espera ahora la respuesta de la Administración para proceder a la retirada del material acumulado y revisar la canalización por segunda vez en los casi veinte años de funcionamiento, ya que la primera se realizó en 2016. La empresa quiere realizar los trabajos «este verano» –entre finales de junio y el mes de julio, según su calendario–, por espacio de veinte días y con un presupuesto de 284.350 euros.

El objetivo es la retirada, como en la anterior ocasión, de 4.000 metros cúbicos de lodos de caliza depositados a una profundidad de 14 metros, a 700 metros de distancia de la costa, que podrían estar taponando la salida de la cañería y, por tanto, contribuyendo a la coloración entre turquesa y blanquecina y la turbidez criticada esta semana por surfistas, pescadores y vecinos de Miengo por «la continua contaminación del agua» en el litoral de Costa Quebrada.

El director general de Solvay Iberia, Jorge Oliveira, explica en el informe de solicitud de la autorización que la cantidad que se extraerá «resulta inferior a los 10.000 metros cúbicos que contemplan las directrices aprobadas por la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas de 2015, lo que eximiría de realizar una caracterización (análisis) de los materiales dragados». Aunque recalca que estos son «sobradamente conocidos, puesto que se trata del efluente procedente de la fabricación de carbonato sódico, consistente en una solución acuosa compuesta básicamente por cloruro de calcio y cloruro de sodio, con cantidades menores de sulfato e hidróxido de calcio».

La zona en la que pretende actuar Solvay está justo al final del tubo y alcanza, en forma de trapecio, una superficie de 45 metros de longitud. En la petición a Costas, propone verter de nuevo los residuos extraídos por la draga-grúa «a la misma área autorizada en la anterior ocasión», un rectángulo situado unos cientos de metros un poco más al noreste del emisario. Lo que la empresa de Barreda se compromete es a extremar la precaución, cumplir todas las leyes medioambientales e incluso paralizar los trabajos, ya que la instalación se encuentra en una zona del litoral afectada por dos figuras de protección europeas, además de situarse en el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada.

«La resuspensión del material conlleva un incremento de la turbidez, disminución de la transparencia y, consecuentemente, de la 'irradiancia'. Además, dada la presencia de carbonato y cloruro cálcico, las aguas afectadas adquieren un color blanquecino», admite la compañía en base a un minucioso estudio llevado a cabo durante el anterior dragado.