La violencia «es mucho peor que hace un año» en los 'edificios okupas' de Requejada

«Puedo confirmar que es cierto lo de las denuncias y que se ha requerido un informe y hablado con la Sareb telefónicamente para tratar de agilizar más y reducir las fechas para iniciar el proceso de los desahucios», explicaba esta semana, a preguntas de El Diario Montañés, la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz. La regidora reconocía que el grado de conflictividad y violencia en la urbanización de Requejada es «mucho peor que hace un año» y más desde que se han instalado nuevos okupas con un perfil más violento. Desde el Consistorio, los Servicios Sociales han procedido a realizar un «nuevo informe de vulnerabilidad» a las personas que okupan el edificio para sumarlo a las denuncias que constan en el cuartel y remitirlo a la Sareb para ver si sus servicios jurídicos, «ante hechos tan graves», pueden «acelerar» los trámites para que el Juzgado dé la autorización para los lanzamientos.

Hace más de un año que el también apodado banco malo se hacía con la titularidad de la que fuera una urbanización de lujo en pleno centro de Requejada. Los pisos en conflicto llegaron a manos de la Sareb tras una ejecución hipotecaria fechada en mayo de 2020 contra la sociedad inmobiliaria Villas de Ibio SL. La entidad lleva desde entonces preparando los desalojos, pero el proceso no parece avanzar, de ahí que en la reunión que se ha mantenido hace unos días se haya aportado la nueva documentación para poder ir más deprisa, viendo que la situación de conflictividad crece. Pero es que, además, no es lo único que aumenta. En este tiempo, las viviendas okupadas han pasado de 23 a 30 en dos de los tres bloques, donde vivir se ha convertido en un auténtico «martirio» para aquellos que pagaron la hipoteca legalmente, dado que son minoría ya que apenas quedan ocho familias.

«¿Sabes lo que es entrar a tu casa y según te bajas del coche hacerlo con un nudo en el estómago y activar el móvil para grabar por si te hacen algo?», explicaba uno de los propietarios afectados por el fenómeno de okupación en este edificio, en referencia al perfil de extrema violencia, incluso delictivo, que presentan algunos de estos vecinos sin un contrato de alquiler que sea legal.

Durante los últimos tres años, la Guardia Civil ha intervenido allí en múltiples conflictos y agresiones, entre ellos un tiroteo. También dirige operaciones para controlar y erradicar los enganches ilegales en colaboración con el Ayuntamiento. A colación de esto, el Consistorio hace más de un año que no concede permisos para el suministro de agua salvo en los casos en que los solicite «el propietario legal» de la vivienda. Una medida, sin embargo, que no ha frenado las ocupaciones puesto que «se enganchan igual e inundan zonas comunes», incide la propiedad.

Los afectados «viven con miedo», relata alguien cercano a las familias que padecen este clima de violencia acelerada por la llegada de nuevos okupas. Propietarios legales que compraron una vivienda nueva y han visto cómo se iban destrozando las estancias comunes y solo pagaban ellos. Han sentido también y sienten «la impunidad» con la que actúan los violentos, mientras que ellos tienen que demostrar cada denuncia que presentan y esperar lo peor a la vuelta a casa cuando no se cumplen ni las ordenes de alejamiento. Insisten en que el perfil de la mayor parte de estos okupas «no es de vulnerabilidad» y están molestos por que se sienten indefensos, ante la «pasividad» de las administraciones que tendrían que defender su integridad.