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La secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, y la secretaria general del Comité Local de Camargo, Rosa Valdés, han comparecido este jueves ante los medios de comunicación para asegurar que, tras la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales, el Ayuntamiento de Camargo deberá « ... empezar de cero» el contrato de adjudicación del servicio de basuras y limpieza viaria. Y no sólo eso. Tras el fallo, que «da la razón» al PRC en su posición contraria al proceso de adjudicación, la formación ha pedido la dimisión «inmediata» del concejal Héctor Lavín y ha anunciado que exigirá a la alcaldesa, Esther Bolado, que le cese, «por su actuación en la mesa de contratación, que ha determinado que este contrato no pueda hacerse efectivo».
Preguntada respecto al estado del pacto de gobierno, Valdés aseguró que «seguramente nos tengamos que sentar a hablar», aunque resaltó que la prioridad ahora del partido es «licitar un nuevo contrato».
El Partido Regionalista de Cantabria compareció este jueves ante los medios de comunicación para desgranar punto por punto el contenido de la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales, que desestima el recurso interpuesto por la empresa Urbaser contra el acuerdo plenario del 10 de agosto, en el que no se aprobó la adjudicación del contrato de basuras y limpieza viaria. Un fallo que, como aseguraron Fernández y Valdés, ha determinado que existen «infracciones insubsanables» en el procedimiento y que «da la razón» a los regionalistas.
Tanto Fernández como Valdés comparecieron en la sede regionalista de Santander acompañadas de tres de los concejales que su partido ostenta en el Ayuntamiento de Camargo, entre ellos, el actual portavoz municipal, Eugenio Gómez.
Por su parte, Fernández aseguró que el deseo del PRC es que, tras esta resolución, «se cierre una etapa», lo que significará empezar «de cero» el contrato de basuras y limpieza viaria. Además, la secretaria de Organización defendió el trabajo «serio» y «responsable» que se ha realizado desde su partido a este respecto.
De su lado, Valdés puso de manifiesto que este tribunal deja claro que el comportamiento del grupo municipal regionalista, con sus tres concejales, «fue absolutamente correcto», ya que «avala nuestra motivación jurídica para no aceptar la propuesta de Urbaser» y refleja que la «incorrecta actuación de la alcaldesa».
En este sentido, Eugenio Gómez desgranó punto por punto los aspectos que ha tenido en cuenta la sala, algunas irregularidades como el informe de la mesa de contratación o el hecho de que el concejal socialista que votó a favor, se encuentre en situación de excedencia por parte de la empresa recurrente.
«Ha quedado claro que la alcaldesa, máxima responsable de esta situación, actuó fuera de ley, no lideró un procedimiento de licitación limpio, transparente y ajustado a la legalidad, propiciando defectos graves de procedimiento que han determinado su nulidad por defectos insubsanables», sentenció Valdés. Además, señaló que «Esther Bolado ha llevado al Ayuntamiento «a una situación muy comprometida respecto de un contrato de servicios que es fundamental y que deberá comenzar a tramitar de nuevo por completo».
Y esa será, dijo, la exigencia que el PRC trasladará a la Alcaldía, «que lleve a pleno el desestimiento de este contrato irregular y, al mismo tiempo, inicie el procedimiento para adjudicar un nuevo contrato, desde la transparencia, el rigor, la sujeción a la ley y además deberá hacerlo de inmediato».
«Tenemos muy claro que la alcaldesa tiene que asumir su responsabilidad en el relato de estos hechos y no volver a situar al PRC de Camargo como el enemigo sobre el que cargar la responsabilidad que únicamente le compete a ella», indicó Valdés.
Respecto a Héctor Lavín, el concejal regionalista cuyo expediente de expulsión ya ha sido iniciado por el Comité de Garantías, Valdés aseguró que «dada la implicación» de éste «en este desaguisado» y el incumplimiento de la disciplina de voto marcada por el grupo municipal en el que incurrió, «Lavín debe dimitir de inmediato» y la alcaldesa «debe cesarlo como concejal de Hacienda y miembro del equipo de gobierno». La actuación de éste en la mesa de contratación, especificó Valdés, «ha determinado que este contrato no pueda hacerse efectivo, con las consecuencias que tiene en la actualidad».
Pero el PRC no ha sido el único grupo que responsabilizó a la alcaldesa del resultado del procedimiento. En un comunicado, el PP local, con Amancio Bárcena a la cabeza, aseguró que «todo lo que Esther Bolado gestiona se vuelve turbio y acaba en los Tribunales».
En este sentido, el portavoz popular recordó que la alcaldesa, que se enfrenta a un proceso en el que puede quedar inhabilitada por presuntos pagos irregulares durante su etapa como presidenta de la Junta de Escobedo, «ya amenazó públicamente a los concejales que decidieron no avalar la adjudicación de un contrato a una empresa vinculada a un miembro de su equipo».
«Una negativa a apoyar la propuesta de adjudicación del contrato de limpieza de residuos sólidos urbanos que -recordó el PP- sostuvieron los concejales de la oposición (PP y C´s) y tres de los cuatro del PRC integrados en el Gobierno municipal, frente a los ocho del PSOE y Héctor Lavín, del PRC, que no siguió las directrices de sus compañeros de grupo, y votó a favor junto a los ediles socialistas».
El portavoz Popular en Camargo, Amancio Bárcena, agradeció «la valentía de los concejales Populares, de C´s y del PRC que incluso bajo amenazas de la alcaldesa mantuvieron firme su negativa a avalar la adjudicación irregular del contrato de basuras».
El PP recordó que los concejales que no cedieron a las presiones de la alcaldesa «fuimos públicamente acusados de prevaricación y amenazados en varias ocasiones con tener que asumir personalmente el coste de una indemnización millonaria a una empresa a la que Bolado ha estado en todo momento extrañamente empeñada en adjudicar uno de los contratos más elevados del Ayuntamiento»
Bárcena recordó que pese a las reiteradas declaraciones de la alcaldesa, «existen informes de los técnicos municipales quede el Tribunal ha tenido en cuenta y que señalan irregularidades insalvables en el proceso de adjudicación del contrato. Entre ellas, que uno de los concejales del equipo de Bolado debió haberse abstenido en la votación porque estaba en excedencia de esa misma empresa, con la que la propia Bolado mantiene vínculos familiares conocidos públicamente».
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