El TSJC anula la oferta de empleo público de Camargo de 2022, que afecta a 83 puestos de trabajo

La decisión judicial reprocha, además, que el Ayuntamiento, presidido entonces por la socialista Esther Bolado, «lejos de la mínima diligencia como Administración local y dados los intereses en juego, se decanta incomprensiblemente por una determinada posición dentro de la crisis interna sindical, tomando partido por una de ellas excediéndose de su competencia».

Al hilo de lo anterior, la sentencia señala que «fácilmente podría haberse sorteado este conflicto» y reconoce que se vulneró la legalidad al «no haber citado a los componentes designados por el sindicato para participar en la Mesa de Negociación, siendo contraria a la ley por vulneración del derecho de libertad sindical de UGT -Servicios Públicos Cantabria» en las vertientes de lo que se ajusta a la negociación colectiva.

Con esta resolución judicial, el proceso de oferta pública de empleo y de estabilización de puestos -que incluía plazas de técnico de formación, arquitecto técnico, ingeniero agrícola, educador, administrativo, oficiales, notificadores, ingeniero técnico industrial y ordenanza, entre otros-, deberá ahora empezar de cero.

Desde el Ayuntamiento, ahora presidido por el popular Diego Movellán, se valoró el impacto de la sentencia haciendo hincapié en que «afecta a 83 plazas convocadas, un dato equivalente al 50% de la plantilla municipal actual», y supone «un retraso en el proceso de renovación y reestructuración de una plantilla fuertemente afectada por jubilaciones que o bien ya se han materializado o son inminentes».

En este sentido, el regidor señaló que «el municipio necesita nuevos profesionales para enfrentarse a los nuevos retos derivados de la administración digital». «La pésima gestión del equipo de gobierno de Esther Bolado ralentiza el proceso y hace que su incorporación se retrase», afirmó.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Esther Bolado, rechazó estas afirmaciones porque, dijo, «en todo momento se siguieron las indicaciones de los servicios jurídicos municipales». En este sentido, Bolado aseguró que «en ningún momento se tomó partido por ninguna de las dos partes dentro de la crisis que había en el seno de UGT» e insistió en que fueron los servicios jurídicos «los que nos asesoraron». «Movellán hubiera hecho lo mismo que yo y el resultado hubiera sido el mismo, por lo que sus afirmaciones son pura demagogia», rechazó.