Aguayo trata de frenar el parque eólico de El Escudo con un cambio urgente del Plan General

El Pleno municipal celebrado el miércoles de la semana pasada dio el visto bueno a la propuesta del alcalde, el socialista Eduardo Gutiérrez, de poner en marcha una modificación del Plan General para «señalar con mayor claridad y precisión las construcciones, instalaciones, actividades y usos que están expresamente prohibidos» en los suelos rústicos de especial protección de la localidad, una potestad que da a los consistorios la Ley del Suelo de Cantabria, aprobada en 2022 por el bipartito PRC-PSOE y retocada ahora por el Gobierno del PP. Este aspecto no perjudica expresamente -por lo menos de manera inmediata- al parque eólico, pero sí la segunda parte del acuerdo plenario. La misma ley y casi todas las normas urbanísticas de España permiten que, cuando un ayuntamiento tenga intención de cambiar su PGOU, pueda adoptar una medida cautelar que sí afecta de lleno a El Escudo: suspender de manera temporal la concesión de licencias de obras como la que necesita Biocantaber para empezar a trabajar sobre el terreno. Sin licencia, no hay molinos.

Y eso ha hecho. Así, San Miguel de Aguayo ha suspendido inicialmente durante un año no solo el otorgamiento de licencias para la instalación de aerogeneradores, también para cualquier otra edificación -viviendas unifamiliares, por ejemplo- en suelo rústico de especial protección, que es prácticamente todo el municipio salvo los dos núcleos de población. Si la modificación del PGOU tuviera en doce meses la aprobación inicial, la suspensión de licencias de obra podría prolongarse otro año más hasta lograr la aprobación definitiva. De lo contrario, decaería. «Es una decisión que el Gobierno de Cantabria ni entiende ni comparte», explicaba ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, que anticipa que el camino que ha iniciado el alcalde tiene poca base técnica y mucha intencionalidad política. Además, el popular considera que esta vía iniciada por Gutiérrez «al menos roza el fraude de ley». Aunque Media insiste en que desde su departamento respetan la autonomía municipal para que los consistorios ejerzan sus competencias urbanísticas y reconoce que la figura de la suspensión temporal de la concesión de licencias figura en la Ley del Suelo (concretamente, en el artículo 89), considera que se está utilizando de forma opuesta al espíritu de la norma. O lo que es lo mismo, en Peña Herbosa interpretan que no se activa la paralización de licencias porque sea necesario un cambio del PGOU, sino que se inicia de urgencia el PGOU con la única intención de activar este artículo y frenar así el parque eólico.

Fomento recuerda que la concesión de licencias municipales, una vez que proyectos como este tienen todas las licencias ambientales y urbanísticas a nivel superior, es un «procedimiento reglado que no puede estar al capricho de ningún alcalde». Además, el consejero subraya que esta medida se ha tomado una vez que se ha desestimado en la Comisión Regional de Urbanismo (Crotu) una alegación que pedía suspender el acuerdo por el que se dio el último visto bueno a El Escudo. Eso sí, se toma antes de que la Justicia se pronuncie sobre el contencioso que interpuso el Ayuntamiento contra ese mismo acuerdo de la Crotu. En condiciones normales, sin recursos administrativos y judiciales de por medio, un alcalde tiene tres meses para responder a una petición de licencia de obra.

¿Y qué opina la promotora? Biocantaber confirma que, efectivamente, ha recibido comunicación por parte del Ayuntamiento en la que detalla que esta decisión afecta al despliegue del parque eólico de El Escudo. La empresa renovable sabe que sin la licencia no puede mover ni un metro cuadrado de tierra en Aguayo, pero todavía no es capaz de afirmar si, teniendo en cuenta que de los 25 aerogeneradores solo uno estaría ubicado en el término municipal, podría empezar la obra por los otros tres municipios. En el peor de los casos sí tendría que frenar el proyecto en su conjunto.

Sus servicios jurídicos también estudian «posibles acciones legales en tanto en cuanto esta decisión pudiera ser una disposición arbitraria contra la seguridad jurídica del proceso administrativo». Defiende que, hasta la fecha, ha ido cumpliendo «escrupulosamente» todos los hitos requeridos por las diferentes administraciones, desde la Declaración de Impacto Ambiental positiva hasta el visto bueno de la Crotu.

Unos argumentos similares a los del Ejecutivo cántabro. «La seguridad jurídica es esencial y el acuerdo del Ayuntamiento dista mucho de garantizarla», insistía ayer el consejero del PP, cuyo grupo municipal en Aguayo se abstuvo en la votación. Por último, Media subraya que Gutiérrez pudo alegar contra el permiso ambiental que dio al proyecto el Gobierno de Pedro Sánchez y no lo hizo, y que el alcalde es miembro de un partido que «habla mucho de la Agenda 2030 y la transición ecológica y después adopta resoluciones de forma unilateral que claramente la torpedean».

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