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Los familiares de Virginia Guerrero y Manuela Torres, las dos niñas de Aguilar de Campoo que desaparecieron hace más de treinta años (el 23 de abril de 1992) cuando tras pasar en Reinosa la tarde-noche festiva, y ya cansadas, decidieron regresar a ... sus casas haciendo autoestop, siguen inmersos en su particular batalla para que se esclarezca lo que ocurrió.
Por eso, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado recientemente reabrir la causa -técnicamente no ha admitido a trámite su recurso de casación- intentarán que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), atienda su petición y dé luz verde a una nueva investigación de los hechos.
Como se recordará, la investigación se abrió hace dos años por parte del Juzgado de Instrucción Nº2 de Cervera de Pisuerga a raíz de la denuncia de una mujer en un programa de televisión. Sin embargo, tras varias pesquisas, la causa se volvió a cerrar meses después. No contentos con esta decisión, los familiares de las menores desaparecidas recurrieron ante la Audiencia de Palencia al considerar que no se habían practicado todas las diligencias que se deberían llevar a cabo, ni siquiera con las nuevas líneas de investigación iniciadas tras la reapertura de la causa, que estuvo bajo secreto de sumario durante casi seis meses. Pero este recurso no tuvo los frutos esperados. «Compartimos con la Audiencia el hecho cierto de que han pasado 30 años desde que desaparecieron Virginia y Manuela, pero del transcurso de ese tiempo y de la falta de explicación a esta desaparición quienes no han tenido culpa han sido las familias, pues no podemos olvidar que en 2001, cuando todavía no habían pasado ni diez años de la desaparición, se decidió, por el órgano judicial, sobreseer provisionalmente esta causa», apuntó entonces el abogado y portavoz de las familias, Ramón Chippirrás, quien dejó claro que iban a seguir explorando las vías que tienen su alcance ante lo que consideran una «clara indefensión» de las familias de Virginia y Manuela, que tenían 13 y 14 años cuando desaparecieron.
En declaraciones a El Diario Montañés, el abogado de la familia explicó que el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite su recurso de amparo «porque considera que no se han vulnerado derechos fundamentales». Entonces, a partir de ahora tienen un plazo de entre cuatro y seis meses para acudir al Tribunal de Estrasburgo y presentar un recurso con el objetivo de que en España se reabra la causa si así lo estima.
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