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La espera de nuevos informes periciales mantiene paralizado el asunto tramitado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander, por el que algunos de los vecinos de los inmuebles con daños estructurales situados en el centro de Reinosa, concretamente en la avenida ... Puente de Carlos III y en la calle Torres Quevedo solicitaron la impugnación de dos actos administrativos del Ayuntamiento de Reinosa.
Se trata de la desestimación de la reclamación patrimonial por los daños que sufren los edificios y la orden de demolición de los mismos decretada hace ahora un año.
Solicitan los demandantes que se decrete la nulidad de dicha orden de demolición y que se declare la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal del Ayuntamiento de Reinosa derivada «de una incorrecta instalación de la red de abastecimiento de agua».
Desde el Consistorio informan de que en estos momentos, «como este asunto está en sede judicial, el Ayuntamiento permanece a la espera de la resolución que dicten los tribunales y que, como no puede ser de otra forma, acatará». Inciden por otro lado en que, «este Ayuntamiento siempre ha actuado en base a los informes emitidos por técnicos especialistas en la materia y, por supuesto, con la seguridad de los reinosanos como objetivo primordial e innegociable».
Por su parte, el abogado de los demandantes, Francisco Javier Díaz, explica que existen dos informes, uno encargado por los vecinos afectados, realizado por el geólogo Aureliano Fernández, y otro encargado por el Ayuntamiento de Reinosa a la Fundación Agustín Betancourt, realizado por el catedrático de Ingeniería del Terreno Claudio Olalla, que coinciden en considerar que «las causas por las que se producen los elevados gradientes de agua son filtraciones de la red de abastecimiento». «Los dos informes concluyen que es responsabilidad de una obra ejecutada por el Ayuntamiento», asegura Díaz Aparicio, que explica que ahora el Consistorio ha pedido un «perito extraído por insaculación (elegido al azar entre una lista de peritos adscritos a los juzgados)», lo que está «paralizando el proceso, dado que ha habido dos seleccionados que se han apartado».
El asunto está, por lo tanto, paralizado a la espera de que sea aceptado por algún perito de Cantabria.
El informe presentado por la Fundación Agustín Betancourt, apunta como causa de los problemas a la presencia de un aporte de aguas en la cabecera del abastecimiento, en la calle Torres Quevedo, a través de los materiales granulares que constituyen las zanjas de las obras de la red de agua y que en parte fluyen lateralmente hacia la parte trasera de los edificios afectados.
Destaca la presencia de una arqueta de un metro de ancho que incide en la redistribución de los flujos de agua, hacia la parte trasera de los edificios, a modo de aliviadero lateral, condicionado también por la incidencia del paquete arcilloso. Apunta el informe que este efecto, con sobre presiones elevadas, está constatado por los registros en los piezómetros instalados.
Finalmente destaca el bombeo que se lleva a cabo desde los sótanos de uno de los edificios de la zona, efecto que se ve condicionado por las dos plantas de sótano, que actúan a modo de pantalla local.
Los demandantes piden que el Ayuntamiento acometa las obras que sean necesarias para reparar la causa que origina las patologías sufridas por los edificios, consistentes en la interceptación de aguas circulares a los rellenos de la zanja y desvío a red de saneamiento, de impermeabilización de los muros frente a las aguas circulantes por el relleno de dichas zanjas y reconstrucción de bajantes y recalce de los muros después de que se elimine la causa de la erosión. Que lleve a cabo por otro lado la reparación integral de los daños sufridos por todos los inmuebles, para lo cual será necesaria la realización del proyecto de ejecución, sellados de muros, fachadas, reparación de cubierta, etcétera.
Por otro lado, en la zona de las calles La Nevera y Quintanal de la capital campurriana, cuyos edificios también están afectados por daños estructurales, aunque sus vecinos no han sido desalojados, se ha realizado en los últimos días una prueba, que ha sido supervisada por un perito judicial. La Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, adjudicó el pasado mes de agosto a la empresa Estudio de Ingeniería Dynamis, la redacción de un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo para establecer las causas que hayan podido provocar los agrietamientos observados en diversos edificios esta zona, por un presupuesto de 1.735 euros.
Los vecinos afectados apuntan como una posible causa a las obras de saneamiento que fueron ejecutadas en la zona en el año 2015 por la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de la ciudad y que, con un periodo de ejecución de tres meses, se alargaron hasta los seis.
Continúa así un problema cuyo origen se lleva estudiando a través de distintas pruebas tales como catas, sondeos y fisurómetros desde el año 2017.
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