Una veintena de acusados se sentarán en el banquillo por prevaricación urbanística en Castro Urdiales

Según el fiscal, las presuntas irregularidades cometidas entre los años 2001 y 2008 en el desarrollo urbanístico de Santa Catalina, supusieron la privación de 2.000 metros cuadrados de terreno destinado a equipamientos públicos previstos en el PGOU, así como la apertura de un vial que no estaba recogido en el planeamiento, lo que calcula que puede ser un menoscabo patrimonial para el Consistorio de unos 2,4 millones de euros.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público señala que la construcción de ese vial, al que se le dio la denominación de calle Poeta Hierro, se realizó con informe desfavorable de la Comisión Regional de Urbanismo (CRU) y sin la preceptiva modificación del PGOU, que luego se intentó «camuflar» bajo otra denominación, y «en beneficio lucrativo» de los promotores de las construcciones llevadas a cabo y futuras y los propietarios de los terrenos.

La Fiscalía pide tres años de cárcel para el exalcalde Rufino Díaz Helguera, y seis para el exsecretario municipal César Saiz, mientras que para el resto las peticiones son de inhabilitación.

También están acusados el exalcalde Fernando Muruguza, los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Salvador Hierro, Pedro Olano, Teresa Pérez, Angeles Blanquet, Javier Zurbano, Pilar Villanueva, Paulino Lavín, Juan Tomás Molinero, Joaquín Antuñano, Jaime Díez Muro, Santiago Vélez, Concepción Carranza y Santiago Vélez, y dos técnicos municipales, por su intervención en la supuesta modificación irregular del PGOU, la aprobación del estudio de detalle de la unidad de actuación 1.34, la tramitación del proyecto de reparcelación y/o la concesión de licencias.

Los hechos son calificados por el fiscal como delitos continuados de prevaricación, de prevaricación urbanística y como delitos de falsedad en documento público cometido por funcionario público.

Por los delitos de prevaricación genérica, la petición de pena llega hasta los diez años de inhabilitación para empleo o cargo público; por el de prevaricación urbanística nueve meses de inhabilitación y multa de 18.000 euros; y por los de falsedad en documento público las penas ascienden a tres años de cárcel y hasta 6.000 euros de multa.

También ejercen como acusación el partido La Unión y varias personas a título individual. El juicio está señalado para los días 19, 20, 25, 27, 28 y 29 de septiembre, con sesiones que darán comienzo a las nueve de la mañana y previsiblemente se extenderán por la tarde, en el salón de actos de Las Salesas.

Los días 19 y 20 están destinados a la declaración de acusados, en sesión de mañana (9 horas) y tarde (17 horas). Los días 22 y 25 están citados testigos; el día 27 los peritos; y el 28 y 29 serán las conclusiones.