Castro, a la espera de que se juzguen otras seis causas abiertas por Acayro

De todas ellas, la más importante es la conocida como 'caso La Loma', un macroprocedimiento en el que están acusados un total de 46 personas -entre políticos, constructores y funcionarios- por la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicios como agua, luz y limpieza viaria. Dos años y medio después de la apertura de juicio oral, la Audiencia Provincial todavía no ha fijado el señalamiento, ya que está a la espera de que se presenten todos los escritos de defensa. Según señalaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), «se declaró una suspensión dado que varios de los acusados debían designar abogado y procurador».

En este caso, el Ministerio Fiscal solicita un total de 196 años de cárcel para los encausados, a quienes imputa delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y estafa. De todos ellos, las penas más elevadas las solicita para el exarquitecto municipal, Pedro Restegui, para quien reclama 12 años de cárcel, igual número que para el exalcalde Rufino Díaz Helguera. Además, Fernando Muguruza se enfrenta a una solicitud de pena de 11 años mientras que para el exconcejal Salvador Hierro la Fiscalía pide ocho.

Otro de las causas pendiente es el juicio del 'caso Proconor'. En septiembre de 2016, la Audiencia Provincial absolvió a dos de los 23 investigados por la construcción de las 51 viviendas, que, a juicio de la Fiscalía, deberían ser demolidas por invadir suelo que debió destinarse a equipamiento deportivo.

Esta causa es una pieza separada de la investigación que inició el magistrado Luis Acayro Sánchez en el año 2008 y que afecta a la denominada unidad de ejecución 1.26, donde se ubica el polideportivo Pachi Torre. El caso se encuentra en fase de presentación de escritos de defensa, «faltando pocos por presentarlos». Una de las partes recurrió porque no había recibido digitalizada toda la documentación y ya se le ha entregado. En cuanto estén presentados todos los escritos de defensa, se enviará al órgano enjuiciador, según señalan desde el TSJC.

El tercer procedimiento pendiente de juicio es el 'caso Korta', en el que la Fiscalía pide una pena de cinco años de cárcel para el que fue jefe de electricistas del Ayuntamiento de Castro, Vicente Korta, y su mujer, acusados de delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con estafa por el supuesto pago en contratos fraccionados de cerca de 300.000 euros a la empresa que ambos tenían. Este procedimiento está en manos de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que tiene que señalar el juicio.

Otro de los asuntos por enjuiciar es el 'caso APD-2 de Cotolino' en el que están imputadas 12 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística. El Auto de Procedimiento Abreviado emitido por Acayro fue recurrido y se encuentra en Fiscalía para que informe sobre los recursos. En función del resultado de los autos que resuelvan tales recursos se presentarían escritos de acusación, auto de juicio oral, escritos de defensa y, finalmente, enjuiciamiento.

En la misma situación que el 'caso APD-2 de Cotolino' se encuentra el conocido como 'caso sobresueldos', en el que están imputados tres exalcaldes de Castro Urdiales (Rufino Díaz Helguera, Fernando Muguruza e Iván González), junto a otras once personas entre expolíticos y funcionarios, por «graves ilegalidades en materia de contratación de personal, así como en el abono de complementos retributivos que son inexistentes en la legislación de función pública».

La última causa pendiente de enjuiciar es la que afecta a los expedáneos de Mioño y Lusa, Víctor Echevarría y Antonio Alijo, respectivamente, por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida en el arrendamiento de unos terrenos mineros. Hay que recordar que la Audiencia Provincial suspendió la vista tras anular el auto de apertura de juicio oral por no figurar ambas juntas vecinales en el proceso cuando la acusación les pide responsabilidad civil, por lo que el Juzgado de Instrucción les ha pedido que designen abogado y procurador y presentar escritos de defensa.