«Conservas Lolín cerrará sus puertas después de 65 años en Castro por una decisión política»

Para contextualizar este asunto hay que remontarse al 15 de marzo de 2017, fecha en la que el Ayuntamiento de Castro y Conservas Lolín suscriben un convenio con el fin de facilitar el traslado de esa industria «molesta» del entorno urbano a Vallegón y permitir el desarrollo comercial de la parcela de Brazomar en la que se ubica, debiendo la empresa ceder al Consistorio un local de 950 metros cuadrados en el edificio, además de comprometerse a construir una pasarela de peatones y ciclistas entre Leonardo Rucabado y la vía verde de Traslaviña.

Meses después de la firma de este acuerdo comenzaron las primeras discrepancias. Varios recursos y alegaciones provocaron que el asunto llegara a los tribunales, que avalaron la legalidad del convenio y reconocieron su «interés general».

Para llevar a efecto el convenio era necesario realizar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castro que suponía cambiar de industrial a comercial el tipo de suelo sobre el que se levanta la fábrica. Eso permitía la construcción de un centro comercial y que Lolín obtuviese financiación para instalarse en Vallegón.

A finales de 2019, el Gobierno de Cantabria dio el visto bueno a dicha modificación, algo que también hizo la Demarcación de Costas, con lo que únicamente quedaba el trámite de que el Pleno de Castro aprobara definitivamente ese trámite. Pero con el cambio de gobierno castreño todo se truncó. PRC y CastroVerde (anterior equipo de gobierno), que fueron los que habían sacado adelante durante la pasada legislatura toda la tramitación de este asunto, perdieron la mayoría absoluta necesaria para poder aprobar el último paso.

Cuando el asunto fue a Pleno, por primera vez, no salió adelante al contar solo con 9 votos a favor de 21 (PSOE y Cs se abstuvieron, Podemos votó en contra y el PP no acudió al Pleno). Lolín recurrió al Juzgado y éste obligó a repetir el pleno, cuyo resultado fue similar, con lo que volvió a recurrir ante la Sala, que ahora concluye que los ediles justificaron su negativa a aprobar la modificación, y que no estaban obligados a dar luz verde.

«Lo que no ha sido capaz de cargarse la falta de anchoa, ni la mayor crisis financiera, ni una crisis por el covid, se lo ha cargado una decisión plenaria, política, con ningún voto en contra. Al final no se puede llevar a cabo el que Lolín haga caja para irse al polígono de Vallegón», lamentó Gutiérrez, tras señalar que ayer ya avanzó a varios trabajadores que la factoría se ve abocada al cierre, decisión de la que hoy dará cuenta el Comité de Empresa.

El gerente Conservas Lolín quiso dejar claro que «nuestra intención no era cobrar una indemnización al Ayuntamiento, sino seguir trabajando en Castro, manteniendo los puestos de trabajo y la ilusión de que en ese centro comercial se crearan mas de 90 empleos (50 de ellos de Mercadona)». «Es una pena como castreño que se pierda una empresa de tantos años y un proyecto que tanta falta hace en Castro, y más en la situación que estamos viviendo en la que veremos a ver cuántas empresas van a desaparecer de aquí al año que viene. Es muy lamentable, siento tristeza por una persecución política», apunta. Gutiérrez explica que recurrieron a los tribunales porque entendían que habían hecho todo lo que les había pedido la administración después de tantos años y «con un coste muy fuerte para la compañía».

Aun así, asegura que «seguiremos luchando desde la política para que episodios como este no se repitan».