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El ingeniero municipal del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Álvaro Pérez, aseguró ayer que el edificio de Proconor «está fuera del equipamiento público» y que es parte de la Avenida Cantabria la que está en «zona equipamental». El funcionario castreño fue uno de los testigos que ... compareció ayer ante la magistrada del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander, María Rosa María Gutiérrez, con motivo del juicio del 'caso Proconor', que afecta al desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución 1.26 de Castro Urdiales, ubicada junto al polideportivo Pachi Torre, donde se construyó un edificio de 51 viviendas sobre suelo destinado a equipamiento público -según las tesis del instructor del caso (el juez Acayro)-, razón por la que la Fiscalía pide su demolición.
Pérez, que ocupó durante un año y medio el cargo de gerente de Urbanismo de Castro y desde 2007 desempeña el puesto de ingeniero municipal, señaló que el Ayuntamiento encargó un estudio topográfico de la zona que es objeto de investigación y las conclusiones a las que se llegaron es que, en contra de las tesis de la fiscal y del instructor del caso, el edificio Proconor «no está levantado sobre el equipamiento público». «El problema es que una parte de la calle (la Avenida Cantabria) está en zona de equipamiento». En concretó, según detalló, ese vial ocupa 370 metros cuadrados del equipamiento. «Pero ninguna de las esquinas del edificio Proconor está en zona equipamental», reiteró.
El ingeniero castreño aseguró también que el Ayuntamiento recibió 122 metros cuadrados más de lo que aparecía reflejado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castro Urdiales en concepto de cesiones. Es más, ante las tesis de la fiscal de que el Consistorio habría perdido una parte de la superficie total destinada al equipamiento deportivo o educativa, Pérez, quien dijo que no se ha recepcionado una parte de la calle porque, a parte de estar cortada hay una grúa y una caseta de obra, señaló que «el Ayuntamiento no ha perdido porque el suelo está allí». «No ha perdido porque allí hay una calle pública que encima está urbanizada. Si el Ayuntamiento hubiese tenido que urbanizarla le habría costado bastante dinero», apuntó, al tiempo que insistió en que el Consistorio no ha perdido los metros que plantea el Ministerio Público.
Álvaro Pérez | Ingeniero municipal
Durante la jornada de ayer, en la que declararon una docena de testigos, salió a la palestra el debate sobre si el vial que ocupa parte del equipamiento público, según afirmó el ingeniero, es estructurante o interior, de acceso únicamente a las viviendas del edificio Proconor y otro de Promociones Paraíso. Pérez fue uno de los que dejó claro que ese polémico vial es «local, interior», ya que los viales estructurantes de Castro son «la carretera nacional que transcurre por las calles Menéndez Pelayo, La Ronda y Silvestre Ochoa; la calle Leonardo Rucabado y la Avenida de la Libertad».
Por contra, Emilio Misas, secretario de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) del Gobierno de Cantabria, aseguró que «se quitaron setecientos y pico metros de equipamiento para el vial» y que dicha calle «no puede considerarse equipamiento».
Emilio Misas | Secretario de la Crotu
Otros testigos, como un guardia civil, señalaron que no hay otra forma de acceder al edificio Proconor que no sea a través de la Avenida Cantabria. De su lado, tres propietarios de viviendas en el edificio investigado declararon que desconocían que hubiese algún problema cuanto escrituraron sus pisos.
Aunque el juicio estaba previsto que continuara mañana, viernes, la renuncia de una de las defensas a varios testigos ha provocado que la próxima sesión se traslade al martes, 4 de junio, en la que comparecerán, además de dos testigos, nueve peritos. El jueves, 6 de junio, continuarían las periciales y el viernes 7 tendrían lugar las conclusiones que finalizarían el día 19.
Cabe recordar que en esta causa están acusados 19 personas, de las cuales 18 son expolíticos (Fernando Muguruza, Rufino Díaz Helguera, José Miguel Rodríguez López 'KyK'', Salvador Hierro, Paulino Lavín, Guzmán Miranda, Jaime Díez Muro, Juan Tomás Molinero, Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Elisa Cantera, Santiago Vélez, Joaquín Antuñano, Javier Zurbano, Víctor Echevarría, Marta González, Pedro Olano y Teresa Pérez Barreda) y una, María del Carmen Villanueva, es ingeniera municipal.
La Fiscalía pide la demolición del edificio de 51 viviendas por invadir suelo que debió destinarse a equipamiento deportivo, y un año de cárcel y diecisiete de inhabilitación para el exalcalde Muguruza, y para la ingeniera municipal, Mari Carmen Villanueva, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística.
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