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Los 45 acusados en el caso La Loma de Castro, el mayor asunto sobre corrupción que ha instruido el juez Luis Acayro Sánchez durante su etapa en el municipio castreño, aún no conocen el contenido completo del nuevo escrito de acusación de la fiscal ... Pilar Santamaría, que anunció el pasado jueves que retiraba los cargos a 39 de los 45 encausados.
Según confirmaron abogados de las defensas y de las acusaciones, durante la jornada de ayer no recibieron dicho documento, a pesar de que el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Agustín Alonso, solicitó el pasado jueves a la fiscal que presentara ante la sala su nueva calificación el lunes, «para ese mismo día estudiarla y dar traslado a todos los letrados de todas las partes».
Tampoco desde Fiscalía dieron ayer a conocer el contenido del mismo a este periódico, al tiempo que desde el gabinete de prensa del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria) tampoco tuvieron acceso al documento.
Como se recordará, el pasado jueves la fiscal anunció su decisión de «contraer» el objeto del proceso en base al «acontecimiento de hechos ocurridos con posterioridad a la formulación del escrito de acusación provisional y muy fundamentalmente a la intención manifestada por los particulares afectados de apartarse del presente procedimiento penal, manifestando que su principal interés fue siempre la no demolición de sus viviendas».
Según apuntó Santamaría, esta «novedosa circunstancia» hace que valore los hechos, también teniendo en cuenta los certificados remitidos por el Ayuntamiento de Castro en los que se da cuenta de la situación material de varios de los sectores de la causa, los denominados suelos urbanizables no programados, en concreto el Sector 2 del SUNP 3, SUNP 4 y SUNP 7, «que no han sido desarrollados y no han sufrido una variación material y no se ha producido un menoscabo alguno de la ordenación del territorio, así como la situación actual de desarrollo del sector 1 del SUNP 3 y del SUNP 12».
Ante esta situación, la fiscal anunció que se sustraía del escrito de acusación todo lo relativo a estas zonas de Castro, «contrayendo» la causa a los instrumentos urbanísticos relativos al SUNP 12 -lo que afecta a la Urbanización San Pelayo promovida por Sacyr Vallehermoso en la pedanía castreña de Santullán- en lo que hace referencia al informe vinculante de Carreteras y «la posible manipulación». «Es decir, no se va a fundamentar la nulidad del Plan Parcial del SUNP 12 en otras razones que no sean el informe vinculante de las actuaciones».
Dicho esto, la fiscal dio a conocer la lista de personas (las penas no las concretó) a las que acusará en este juicio y que queda reducida a seis. A Fernando Muguruza le acusa por presunta prevaricación por su participación en el SUNP 12, en concreto, por la aprobación del Plan Parcial de esa zona, «contraviniendo el informe de Carreteras». A Rufino Díaz Helguera, a Pedro Restegui, a César Saiz (al que también acusa por su intervención en el SUNP 12), y a Yolanda Sánchez, les mantiene en la causa por un presunto delito de cohecho, al igual que al arquitecto Valentín Galdós, a quien también acusa por un delito de falsedad documental.
Al día siguiente de hacerse pública la intención de Santamaría, la Fiscalía General del Estado anunció que estaba «estudiando» esta retirada de acusaciones, aunque ayer no quisieron desvelar si ha finalizado dicho análisis o no, ni las conclusiones a las que ha llegado este estamento.
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