El exsecretario de Castro, César Saiz, asegura que «nunca» recibió nada de nadie: «Me ganaba bien la vida»

Saiz es el acusado del caso La Loma que se enfrenta una pena de cárcel más elevada, cuatro años por un presunto delito continuado de cohecho, que la Junta de Santullán eleva a cinco, y tres por un delito de falsedad documental en concurso con prevaricación.

La Fiscalía le acusa también de un delito de prevaricación y además de su inhabilitación para cargo público, le reclama el pago de una multa más de un millón de euros, que, según dice el Ministerio Público en su escrito, es la cantidad que recibió de particulares y empresas «por el mero hecho de ejercer, debidamente o no, sus funciones municipales en asuntos relacionados con sus respectivos intereses».

En su declaración de este martes en la Audiencia de Cantabria ha asegurado que sus ingresos provenían de su actividad como funcionario, del sueldo de su mujer, de la herencia que recibió de sus padres y de su suegra y de la actividad de compraventa de inmuebles a la que se dedicaba en sus «ratos libres».

Ha explicado que era habitual que esas transacciones se hicieran «en dinero B». «Y no porque lo pidiera yo, sino porque lo pedían los compradores», ha apostillado.

El acusado, que ha apuntado que también en su etapa en el ayuntamiento le tocó la lotería, ha argumentado que su patrimonio se justifica por en su mayor parte por el valor de su vivienda, que compró por 125.000 pesetas y su valor ha subido a 500.000 euros, y que el millón de euros del que se habla «es una cifra para el periódico».

Tanto a preguntas de la fiscal como de su abogado, las dos partes a las que ha respondido, ha negado que recibiese cantidad alguna del director de obra de la promoción de Vallehermoso, Valentín Galdós Tobalina, acusado también.

«Y si no que lo diga él», ha pedido el ex secretario, quien ha asegurado que no conoce de nada a esa persona y que preguntó quién era cuando empezó el juicio en la Audiencia.

La Fiscalía le acusa de sellar consciente y voluntariamente un ejemplar del proyecto de compensación distinto al que aprobó la Junta de Gobierno Local que le fue facilitado por la promotora, en concreto por Galdós Tobalina.

El ex secretario ha insistido durante su declaración en que no dudó del documento que selló porque tenía una «apariencia de autenticidad completa» y ha explicado que la cláusula que incluía y por la que difería del anterior era «normal» .

El proyecto de compensación fue aprobado en abril de 2005, después de que en septiembre del año anterior el pleno de la Corporación presidida por Rufino Díaz Helguera diera luz verde al plan parcial del SUNP 12, que, según el Ministerio Público, no se ajustaba a las exigencias impuestas por la Dirección General de Carreteras.

El entonces secretario municipal ha dicho que no asistió al pleno de septiembre que aprobó el plan parcial y que a él le mandaron la propuesta de la Comisión de Urbanismo, que remitió el pleno «tal cual» y que entendió que era correcta.