La Fiscalía pide cuatro y dos años de cárcel a los exalcaldes de Castro, Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, por el caso La Loma

De su lado, el arquitecto Pedro Restegui se enfrenta a una petición de pena de 4 años de prisión por un presunto delito de cohecho y se le reclaman 1.800.000 euros. Igual pena pide la fiscal para la técnico Yolanda Sánchez, a la que reclama 442.336 euros, mientras que para el exsecretario César Saiz solicita siete años de cárcel: tres por delito de falsedad documental en concurso con prevaricación y cuatro por cohecho, así como el pago de 1.087.334 euros. Finalmente, para el arquitecto Valentín Galdós, solicita cinco años de cárcel: uno por falsedad documental y cuatro por cohecho, además de una multa de 900 euros.

A Díaz Helguera le imputa un delito continuado de cohecho por el que le reclama cuatro años de cárcel, inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años y multa de 149.082 euros; y a Muguruza, que llegó a ingresar en prisión preventiva por esta causa entre el 18 de febrero y el 9 de marzo de 2010, un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, por el que pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, descontando el tiempo que estuvo en prisión preventiva y el que estuvo privado cautelarmente de competencias urbanísticas y de contratación, respectivamente.

Por su parte, para Pedro Restegui, que ejerció funciones de arquitecto municipal entre 1997 y 2005, la fiscal del caso, Pilar Santamaría, pide cuatro años de prisión por delito continuado de cohecho, inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años y multa de 1,8 millones de euros.

Cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación solicita también por delito continuado de cohecho para la técnico de Urbanismo Yolanda Sánchez, a la que reclama 442.336 euros de multa; y siete de prisión para el exsecretario César Sáiz: tres por falsedad documental en concurso con prevaricación y cuatro por delito continuado de cohecho, así como multas de 1.087.334 euros y 10.500 euros, y un total de 10 años de inhabilitación.

Por último, para el director de obra Valentín Galdós, pide un total de cinco años de cárcel: cuatro por delito de cohecho y uno por el de falsedad documental, así como 39.000 euros de multa.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que se declare la nulidad del Plan Parcial del SUNP 12, del proyecto de compensación, del proyecto de urbanización y de las licencias de obras concedidas, así como la demolición de las viviendas construidas al amparo de ellas, y en particular de las edificaciones construidas sobre zona de servidumbre del futuro vial autonómico y de las viviendas y muro construido sobre zona de servidumbre de la autovía.

Solicita también que sufraguen los gastos de demolición César Saiz, Fernando Muguruza y Valentín Galdós Tobalina, y que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Una vez presentado el nuevo escrito de calificación provisional de la Fiscalía, la Audiencia Provincial ha concedido un plazo de cinco días hábiles a las acusaciones particulares y a los actores civiles para que aleguen lo que estimen oportuno. Finalizado ese plazo se hará entrega de las alegaciones a las defensas y responsables civiles para que en igual plazo aleguen lo que consideren.

Cuando transcurran los referidos plazos, la Sala señalará de inmediato fecha para la continuación del juicio oral.

En su nuevo escrito, la Fiscalía concluye, una vez «verificados los datos obrantes en las actuaciones, así como la aparición de nuevos elementos de ponderación», que las iniciativas relativas al SUNP 3 fueron adoptadas por los responsables municipales «sin que hubiera constancia fehaciente de su manifiesta ilegalidad».

Según informa el Ministerio Público, se ha valorado en primer lugar, que las nuevas certificaciones expedidas por el Ayuntamiento de Castro Urdiales indican que la tramitación del Plan Especial deMonte Cueto -ya iniciada en el año 2004- fue finalmente culminada en el año 2008, y que ya se ha iniciado la ejecución del depósito que abastecerá a las referidas viviendas, según acta de replanteo certificada debidamente, una vez superados los problemas de financiación.

En segundo lugar, señala que «las deficiencias inicialmente observadas fueron progresivamente subsanadas, sin que exista un pronunciamiento judicial que declare la nulidad de los instrumentos urbanísticos por motivos de ilegalidad manifiesta sobre el fondo, sino por razones de carácter procedimental». Además, añade que de la certificación recientemente aportada, se deduce que la construcción del depósito era, en todo caso, legalizable.

Finalmente, «puede descartarse la existencia de engaño en los adquirentes de las viviendas, a la vista de las manifestaciones formuladas recientemente por su representación procesal, debidamente ratificadas en las actuaciones».