Herrán insiste en que el traslado de Lolín «no depende del Ayuntamiento»

Además, Herrán señala que en el convenio que suscribió la conservera con el Consistorio en 2017, «se recoge que el Ayuntamiento no está obligado a aprobar definitivamente la modificación del Plan General hasta que por parte de la empresa se acredite la adquisición de la propiedad o el uso de una parcela en Vallegón y que dispone de financiación y recursos suficientes para la adquisición de la parcela, construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones industriales en Vallegón».

A este respecto, el gerente de Conservas Lolín, Jesús Gutiérrez, asegura que la idea del convenio es la de facilitar a una empresa «molesta» el traslado al polígono de Vallegón, y para ello es necesaria la modificación del PGOU que permita el cambio de uso de la parcela y la venta de la misma, «lo que generaría la financiación necesaria para poder realizar el traslado».

Gutiérrez también hace mención al convenio suscrito con el Ayuntamiento para refrendar eso de que para que se produzca el traslado es necesario que antes se modifique el PGOU. En los antecedentes del convenio se recoge: «Se propone como actuación accesoria a la calificación urbanística de la parcela, trasladar sus instalaciones a una nueva fábrica que construirá en el polígono de Vallegón, también en el término municipal, en el que el planeamiento municipal y el PSIR vigentes, (plan territorial), contemplan la implantación de los usos fabriles característicos de la actividad industrial».

Además, el gerente de Conservas Lolín hace mención a otro extracto del convenio en el que se recoge que la empresa se compromete a adquirir en propiedad o uso una parcela en el polígono de interés regional de Vallegón «a la que deberán trasladarse obligatoriamente las instalaciones industriales actuales, poniéndolas en funcionamiento en el plazo máximo de tres años desde la publicación de la aprobación definitiva de la modificación del PGOU a que se refiere el convenio».

De todo esto se desprende, según recalca Gutiérrez, que el acuerdo con el Ayuntamiento «implica que el traslado es posterior a la aprobación de la modificación del Plan General», frente a lo que sostiene la alcaldesa de Castro.

El gerente de Conservas Lolín recuerda que el Ayuntamiento de Castro defendió el interés general del convenio tanto ante el Juzgado de lo Contencioso como de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, estamentos que dieron la razón al Consistorio frente a la denuncia del propietario de la parcela aneja a Conservas Lolín, el exconcejal de Anexión a Vizcaya, César Barco.

En este sentido, el gerente de Conservas Lolín apunta que el convenio supone que su empresa se compromete a financiar la construcción de una pasarela peatonal y de bicicletas que conecte la calle Leonardo Rucabado con el trazado del antiguo ferrocarril Castro-Alen. Además, la fábrica cede al Ayuntamiento una superficie de 950 metros cuadrados en el centro comercial previsto en la parcela donde se ubica ahora la conservera, y también cede al municipio el uso de la concesión de un pozo de agua situado en su parcela. Finalmente, la empresa se compromete a la ampliación de las aceras existentes en todo el perímetro de la edificación.

Así las cosas, el próximo martes, 4 de febrero, a las 12.30 horas, se celebrará el pleno extraordinario propuesto por el PRC y CastroVerde para dar el último paso administrativo que permite dar luz verde a este convenio. Todo parece indicar que no saldrá adelante teniendo en cuenta que el pasado jueves la Comisión de Desarrollo Territorial rechazó la propuesta de regionalistas y ecologistas con los votos negativos de PSOE, Cs (equipo de gobierno) y Podemos (el PP no asistió). Una hora antes, Comisiones Obreras ha convocado una protesta.