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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria retoma este lunes, a partir de las 10.00 horas, el juicio de La Loma de Castro Urdiales con la declaración de más acusados. En esta ocasión comparecerá el exsecretario municipal de Castro Urdiales, ... César Saiz, para el que la Fiscalía pide hasta siete años de cárcel por presuntos delitos de falsedad documental en concurso con el delito de prevaricación, y por cohecho, motivo por el que reclama una multa de un millón de euros.
La fiscal Pilar Santamaría señala en su escrito de acusación que Saiz recibió de una persona no identificada la cantidad de 10.000 euros en dos pagos y en fechas próximas a la aprobación del Proyecto de Compensación del polígono 1 del sector 1 del SUNP-3 de La Loma, y del Proyecto de Urbanización, «como contraprestación a silenciar las irregularidades administrativas en la tramitación de este instrumento urbanístico».
Además, Santamaría sostiene que en fechas comprendidas entre el 29 de junio y el 11 de julio de 2005 recibió del acusado Valentín Galdós Tobalina la cantidad de 30.000 euros «por estampar su sello y certificar así un Proyecto de compensación del SUNP-12 distinto al efectivamente aprobado, posibilitando así que pudiera ser inscrito en el Registro de la Propiedad». «Además ha percibido una cantidad aproximada de 1.087.334 euros de particulares y empresas no identificadas por el solo hecho de ejercer, debidamente o no, sus funciones municipales en asuntos relacionados con sus respectivos intereses», añade.
Junto con la declaración del exsecretario César Saiz, este lunes también está prevista la de la ingeniera municipal de Castro, Carmen Villanueva, para la que la Fiscalía no ha presentado cargos ahora (la anterior fiscal pedía 9 años de cárcel), con lo que sólo esta acusada por la Junta Vecinal de Santullán.
Por un delito continuado de prevaricación administrativa y prevaricación urbanística, la pedanía solicita para la acusada la pena de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público que consista en el ejercicio de funciones técnicas en la Administración, además de dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
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