El legado de Acayro Sánchez en Castro

Fue precisamente esa circunstancia y las denuncias del controvertido interventor municipal, Fernando Urruticoechea, lo que llevaron a este magistrado –inhabilitado a cinco años por «excederse en sus funciones», aunque está a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre la condena– a impulsar una veintena de procedimientos judiciales. De todos ellos, once llegaron a juicio y han dejado un balance de 41 condenados, 85 absueltos y solo un encarcelado (el expedáneo de Sámano, Javier Eguren, por prevaricación y malversación de caudales públicos). Un balance que a buen seguro ha dejado un sabor amargo al propio magistrado, que no ha querido hacer valoraciones.

Esta semana se ha conocido la sentencia del último caso que instruyó Acayro Sánchez en Castro, el de los 'sobresueldos', y que deja a los doce acusados libre de culpa al considerar la Sección Primera de la Audiencia Provincial que no cometieron delito. La Sala reprocha a la Fiscalía la «lluvia de imputaciones» que presentó al «carecer de datos» que las soportaran y ha descartado el principal medio de prueba de la acusación al ser documentos sin firmar, es decir, no originales.

A la espera de conocer si el Ministerio Público decide recurrir el fallo ante el Supremo, este revés no es el único que ha recibido Acayro Sánchez a lo largo de esa encrucijada contra la corrupción castreña –cargada de luces y sombras– que promovió hasta 2015, año en el que cambió de destino y recaló en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Santander.

Hay que remontarse al año 2011 para recordar la polémica que suscitó el 'caso Mioño', el de la adjudicación a dedo de unos trabajos de rehabilitación de un túnel de la pedanía. El juicio se celebró en abril de 2011 y la sentencia, del Juzgado de lo Penal Nº2 de Santander, llegó un mes después, tres días antes de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo de 2011.

El exalcalde Fernando Muguruza y el exconcejal José Miguel Rodríguez 'KyK', que en ese momento lideraban la candidatura ACAI (Alternativa Castreña Independiente), no pudieron presentarse a los comicios al haber sido condenados a siete años y medio de inhabilitación. Disconformes con la resolución recurrieron y la Audiencia Provincial anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio por errores en la instrucción, puesto que «no se dio traslado a las partes en su debido momento de la documentación que los acusados necesitaban para ejercer una adecuada defensa». De los diez acusados inicialmente, solo tres fueron condenados por sentencia firme.

En el 'caso Trapur', el de la adjudicación a dedo de trabajos de desratización, ocurrió algo similar. En junio de 2011, la Audiencia Provincial anuló el juicio al entender que el instructor del caso, el magistrado Luis Acayro Sánchez, había vulnerado el derecho de defensa de la exconcejal Elisa Dopico «al darle traslado de las actuaciones con un año de retraso». Esta decisión no gustó nada a Acayro Sánchez, que remitió una carta al entonces presidente del TSJC, César Tolosa (ahora magistrado del Constitucional) mostrando su «profundo malestar» por la decisión de la Sala, presidida entonces por José Luis López del Moral, actual presidente del TSJC.

En la macrocausa de La Loma, el asunto más importante que instruyó Acayro Sánchez en Castro, que sentó a 45 acusados pero solo tres acabaron condenados, la Audiencia también dio un tirón de orejas al impulsor del caso. «En el presente caso han sido catorce años de instrucción, fase intermedia y enjuiciamiento. Catorce años es un período ineluctablemente excesivo. Lo propio habría sido instruir este caso abriendo una causa por cada SUNP (Suelo Urbanizable No Programado), e imputando responsabilidades en relación a cada SUNP. El procedimiento ha sido instruido de forma poco ordenada, en un 'totum revolutum' que ha complicado sobremanera la instrucción, incluso para el propio juez instructor».

Por este mismo caso, la Audiencia desacreditó e invalidó el auto de Acayro Sánchez por el que envió a prisión provisional en 2010 al entonces alcalde Fernando Muguruza –estuve veinte días– por «ocultación de pruebas y riesgo de reiteración delictiva». Lo mismo hizo la Audiencia cuando el juez encerró en El Dueso a la exconcejala de Sanidad, Elisa Dopico. En ambos casos la Sala consideró «excesiva» la medida.

Si se analizan las 41 condenas que dejan los 11 casos que han ido a juicio se puede comprobar que la mayoría han sido por delitos de prevaricación administrativa –en algunos casos por adjudicaciones a dedo– que han supuesto penas de inhabilitación. Y si nos centramos en los tres casos vinculados a irregularidades urbanísticas, las ligeras penas no han supuesto que algún condenado haya entrado en prisión.