El macrojuicio de La Loma de Castro comenzará el 1 de octubre y se prolongará seis meses

El macrojuicio del 'caso La Loma' de Castro Urdiales, en el que hay acusadas 46 personas -entre expolíticos (23), constructores (13) y técnicos municipales (7) y no municipales (3)-, por la presunta concesión irregular de licencias y la construcción de viviendas sobre dominio público sin servicios de agua, luz y limpieza viaria, comenzará a partir del 1 de octubre de este año y se prolongará durante seis meses (hasta el 30 de marzo de 2020 previsiblemente).

El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, Agustin Alonso Roca, ha mantenido un encuentro este jueves por la mañana con los abogados de las acusaciones y las defensas en el que les ha entregado un calendario con las fechas inicialmente previstas para la celebración de este juicio, que se celebrará en la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en Las Salesas (en sesiones semanales de mañana de cuatro días, dejando uno libre para otros asuntos), y arrancará el día 1 de octubre con las cuestiones previas que se prolongarán hasta el día 3. Ese mes declararán un total de 30 acusados, entre políticos y técnicos municipales. Al mes siguiente, en noviembre, a partir del día 4, declararán 17 acusados y posteriormente 46 testigos del fiscal. En diciembre, desde el 2 al 19 declararán otros 100 testigos del fiscal.

Tras un parón de 23 días, el juicido se reanudará el 13 de enero de 2020 con las declaraciones de 30 testigos del fiscal, 50 de las acusaciones y 40 de las defensas.

En febrero, del 3 al 6, declararán 80 testigos de las defensas y 40 peritos. Ya en marzo del 2 al 5, se presentarán el resto de periciales y audiciones y, del 9 se procederá a las conclusiones e informes de las acusaciones, así como los informes de las defensas para escuchar la última palabra del proceso el 30 de marzo.

Como se recordará, el «caso La Loma» es el asunto más importante sobre corrupción que instruyó el magistrado Luis Acayro Sánchez durante sus etapa como titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales. En esta macrocausa hay un total de 46 acusados (entre políticos, constructores y funcionarios) por la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, que carecían de servicios como agua, luz y limpieza viaria.

Como responsables civiles dentro del proceso se encuentran el Ayuntamiento de Castro, Vallehermoso, Bifamiliares y Adosados Castreños, Altos de Otañes, Castro 16, Condominios del Norte (estos tres últimos no han comparecido en la causa ni han presentado escrito de defensa), Quinorsa, Proinsa y Norsur Siglo XXI.

La macrocausa consta de 101 tomos, 61 anexos, 40 piezas separadas de responsabilidad civil, otra de fianza de la acusación popular, otras cinco de medidas cautelares (una de ellas con tres tomos), tres piezas de situación personal, otra de intervención de comunicaciones, una de recusación, otra pieza de nulidad, así como documentación perteneciente a Proinsa que consta de cuatro carpetas, un fichero y tres cuadernos y planos. Se da la circunstancia de que la Audiencia Provincial, que tendrá que buscar un emplazamiento extraordinario para la celebración de este macrojuicio, ya se pronunció sobre este pleito al rechazar en su momento los recursos presentados por la mayoría de los acusados en este procedimiento. Este órgano apoyó en su momento las tesis del instructor, mantuvo la práctica totalidad de las imputaciones por múltiples indicios de delito contra la administración pública: prevaricación administrativa y urbanística, delito contra la ordenación del territorio, falsedad de documento público, cohecho, malversación de fondos, estafa e infidelidad en la custodia de documentos públicos.

En esta causa, el fiscal solicita 196 años de cárcel para los encausados. De todos ellos, las penas más elevadas las solicita para el exarquitecto municipal, Pedro Restegui, para quien reclama 12 años de cárcel, igual número que para el exalcalde, Rufino Díaz Helguera. El exalcalde Muguruza se enfrenta a una solicitud de pena de 11 años mientras que para el exedil Salvador Hierro la Fiscalía pide ocho. Además de penas de prisión, el fiscal reclama para un gran número de los procesados multas que ascienden a varios millones de euros.